martes, 7 de octubre de 2014

EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE- UNA SIMBIOSIS REVOLUCIONARIA


La Historia de la Evolución Socialista
La cultura política convencional ha determinado que la radicalización política e ideológica del Partido Socialista de Chile (PS) desde mediados de la década de 1960, fue producto del triunfo de la Revolución Cubana, sin duda, esta gesta tuvo influencias, pero en lo fundamental, el proceso se inicia con mucha antelación, está vinculado a la crisis del socialismo chileno en la segunda mitad de la década de 1940, producto de la participación en coaliciones de gobierno que tuvieron como eje el centro político, al Partido Radical. También contribuyó a ello el deterioro del apoyo popular y, tal vez decisivamente, la participación de un segmento de los divididos socialistas, en la coalición que eligió Presidente de la República a Carlos Ibáñez del Campo en 1952, y a su frustrante participación en los primeros 18 meses de su gobierno populista.
Un factor adicional que determinó el giro a la izquierda de los socialistas, fue la aguda crisis de mediados de la década de 1950, con su correlato de deterioro social y económico, y con el amplio consenso en torno a la necesidad de reformas estructurales para su superación, lo que para el PS crecientemente sólo era posible concretar a través de un proceso revolucionario.
Es más, es posible plantear que los antecedentes ideológicos remotos de la radicalización se encuentran en los contenidos del Programa de 1947, redactado por Eugenio González Rojas, en el momento más agudo de la primera gran crisis partidaria.
Este trabajo se sustenta sobre la bibliografía básica acerca del socialismo chileno, y sobre documentos partidarios impresos, en particular con las resoluciones de los congresos realizados entre 1957 y 1967, y con entrevistas a algunos militantes que tuvieron responsabilidades de dirección nacional en las décadas de 1960 y 1970.
En el XVI Congreso General Ordinario, realizado en Valparaíso en octubre de 1956, los Socialistas Populares comenzaron a apartarse decisivamente de lo que había sido la "política socialista" de alianzas y también a perfilar más claramente el carácter de la revolución, comenzando a transitar por el camino que les llevaría a adoptar la opción insurreccional a mediados de la década de 1960. Para 1956 consideraban agotada la experiencia de los frentes con los partidos burgueses; ello no constituía una sorpresa, pues ese tipo de alianzas había llevado al Partido no sólo a una profunda crisis a mediados de la década de 1940, sino virtualmente al borde de su extinción4. De otra parte, el desencanto luego de su experiencia populista en la candidatura presidencial y en los primeros meses del segundo gobierno de Carlos Ibáñez, era un argumento adicional para terminar con las alianzas más allá del ámbito de los partidos obreros.
Desde todo punto de vista, había llegado:
"la hora de endurecer la lucha, definiéndola tras objetivos revolucionarios, a tono con las aspiraciones de clase de los trabajadores y en tal sentido, únicamente un frente de partidos obreros y la CUT, Un Frente de Trabajadores, podía conducir adelante, sin claudicaciones, una política de clase, bajo la consigna "Revolución o Miseria" proclamada en el XVI Congreso General del PSP.
Detrás de ese giro era posible identificar la vigencia al interior del Partido de ideas trotskistas acerca de la naturaleza de la revolución socialista en los países atrasados, la que rechazaba cualquier rol que la burguesía nacional pudiese tener en el proceso revolucionario tanto por su debilidad, como por sus estrechos vínculos con la oligarquía terrateniente y el imperialismo.
En la preparación del Congreso XVII, la Comisión Política del Congreso de Unidad planteó que existía "la imposibilidad dentro del actual sistema legal, político e institucional, que favorece a las fuerzas sociales regresivas, de promover un efectivo desarrollo de la democracia y el progreso social ... y denunció los efectos disociadores, corruptores y enervantes de la acomodación de los partidos revolucionarios al juego político e institucional de la democracia burguesa, lo que les ha impedido aprovechar las oportunidades que franquea ese sistema para acelerar el avance hacia los objetivos del socialismo".
Las conclusiones del Congreso, por su trascendencia para la política del Partido en los diez años siguientes, hacen necesario reproducirlas de manera extensa. En ellas se encuentran los fundamentos del recorrido que el Socialismo chileno haría hasta el "Congreso de Chillán" en 1967:
"Ante este panorama de la realidad nacional, el socialismo chileno confirma su oposición irreductible al régimen existente en el país en todos los planos y proclama su voluntad de dirigir a todas las fuerzas sociales interesadas en su superación en una común empresa política destinada a edificar un nuevo orden social, capaz de asegurar nuestro desarrollo productivo y de crear las condiciones para una convivencia social justa, democrática y progresiva, encaminada hacia el socialismo
Afirma que su convicción de que el desarrollo social y económico de Chile, la experiencia sindical y política de la clase obrera, su gravitación potencial en el país y el desenvolvimiento paralelo del pensamiento socialista, le confieren a esta clase en la medida en que tome conciencia de su papel revolucionario, un sitio de vanguardia en el campo de los adversarios del régimen, y le convierte en el agente fundamental de su transformación".
De las consideraciones anteriores, se desprende que un solo y vasto Frente de Trabajadores, manuales e intelectuales, bajo el comando y la hegemonía de la clase obrera e inspirado en la ideología socialista, podía ser capaz de alterar el "status quo" nacional, proponiéndose abiertamente la toma del poder, como único medio de realizar consecuentemente sus aspiraciones.
Para entonces una parte importante del socialismo chileno estaba convencido de que sólo se podían resolver las contradicciones internas fundamentales de la estructura social, si el poder político era conquistado por la clase trabajadora y sus partidos representativos. En la lucha por el socialismo, la cuestión decisiva era, pues, la conquista del poder político, ya que era imposible lograr una transformación estructural de la sociedad, si las clases privilegiadas mantenían el poder de sus partidos y si este poder no pasa a manos del pueblo y las organizaciones que lo representan.
Dos años más tarde, con ocasión del XVIII Congreso, realizado en Valparaíso, los Socialistas fueron más explícitos aún en cuanto a su política, y se impusieron dos líneas de acción política que habrían de tener un fuerte impacto acerca del carácter del Partido por un lado, y respecto de su accionar en el sistema político, por otro. Todo ello quedó plasmado en las resoluciones 4ª y 5ª. La primera de ellas planteaba la necesidad de llevar la discusión política al seno de los trabajadores y especialmente de los campesinos, hasta formar conciencia de papel revolucionario que deben jugar en la pugna social. La segunda, rechazaba la práctica de alianza o entendimientos con partidos ajenos al Frente de Acción Popular, a excepción de la acción parlamentaria, a menos que razones de gran trascendencia para la vida del Partido y del movimiento popular así lo exijan y sólo en carácter absolutamente transitorio y con objetivos concretos, en el entendido de que no comprometan la línea política del Partido y sus objetivos de clarificación ante la masa.
Para los Socialistas la nueva política de alianzas de ningún modo significaba hacer concesiones con el fin de mantener la unidad; al respecto la resolución número 3 planteaba que era necesario:
"Alimentar la discusión fraternal y respetuosa entre los aliados del FRAP en aquellos puntos de su política nacional e internacional en que no haya acuerdo, hasta lograr que el entendimiento llegue y la unidad se fortalezca".
Esta postura de los Socialistas habría de tener importantes manifestaciones en ásperas polémicas con la dirección del Partido Comunista de Chile, desde mediados de la década de 1960, con relación a la derrota de Salvador Allende en la elección presidencial de 1964, al cisma chino-soviético, las vías de la revolución, y en 1968 con ocasión de la invasión a Checoslovaquia de las fuerzas del pacto de Varsovia que determinó el fin de la "primavera de Praga".
El camino de la radicalización socialista continuó y se acentuó en la medida en que las contradicciones que enfrentaba el país en todos los ámbitos de su poder se agudizaban. Cuenta de ello es el análisis de Raúl Ampuero en el artículo "Reflexiones sobre la revolución y el socialismo", en el que en primer lugar proclamaba su adhesión al marxismo, entendido como un método de orientación social, por lo que rechazaba lo que él llamaba la posición "talmudista" del marxismo, por su espíritu dogmático y de mera aplicación de conceptos teóricos abstractos. Es marxista, pero, según sus propias palabras, "la peor manera de responder a nuestra misión revolucionaria es caer en la exégesis simple de los viejos textos sagrados o en la imitación servil de la estrategia extranjera".
Respecto de la estrategia partidaria, Ampuero enfrentó el ineludible desafío de tener que referirse al concepto de "revolución democrática burguesa" que enarbolaba por entonces el PC de manera frontal, y concluyó que América Latina no reclamaba una revolución democrática burguesa, pues las burguesías del continente carecían de independencia para desarrollar los procesos que llevaron a cabo las burguesías de los países avanzados; las burguesías latinoamericanas ya eran por entonces tributarias del imperialismo. Con relación a ello señaló: "Yo diría (...) categóricamente(...) que si por revolución democrática-burguesa entendemos una revolución conducida por la burguesía, para extender los derechos populares, para crear un estado verdaderamente nacional, para hacer trizas los moldes de la economía terrateniente (...) ningún país latinoamericano está en víspera de vivirla".
Lo anterior hacía que "la revolución socialista" estuviese en el primer punto de la agenda, y para ello era necesaria "la existencia de un partido con plena conciencia de sus metas políticas, de su carácter de agente de la transformación y cuya organización y régimen interno le permiten operar como un factor de comando sobre la masa trabajadora en su conjunto". Para Ampuero, ese partido era el Partido Socialista, y advertía que frente a las dimensiones de sus desafíos y ante la posibilidad de las clases dominantes rompieran su propia legalidad:
"Si el Partido desea cumplir cabalmente con su rol histórico, deberá agotar el examen del significado de la violencia en el curso de los acontecimientos chilenos. Cualquiera que sea, y ello dependerá de condiciones históricas y sociológicas concretas, su presencia en nuestras luchas políticas parece ineludible y sería un pecado de leso optimismo el suponerla ajena a las tradiciones de nuestras clases dominantes y una ingenuidad imperdonable incurrir en la idealización de los instrumentos electorales.
En el marco de una fuerte polémica con la dirección del Partido Comunista de Chile, con motivo de la celebración de los 30 años del Partido, Raúl Ampuero intervino en un seminario organizado al efecto con una ponencia que profundizaba las concepciones rupturistas y que permitían avizorar en el horizonte grandes definiciones partidarias. En "Los distintos caminos hacia el socialismo" Ampuero formuló, tal vez, el más elaborado análisis para el ideario, contenido y extensión del pensamiento socialista en la primera mitad de la década de 1960.
Luego de pasar revista a los problemas internacionales del socialismo, entre los cuales formuló un lúcido análisis de los movimientos anticoloniales y de liberación nacional y al creciente conflicto chino-soviético, el Secretario General enunció las que a su juicio eran las grandes cuestiones del socialismo contemporáneo, todas fuertemente críticas del ordenamiento del "campo socialista":
El primero de ellos eran los problemas de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Es decir la necesidad de integración del movimiento socialista en un sistema democrático de coordinación política, estratégica e ideológica, sobre la base del respeto a cada uno de los partidos y a cada una de las experiencias y abordar con objetividad científica las denominaciones de "sectarismo" y "revisionismo".
La segunda, se relacionaba con el tema de los métodos de lucha. O sea, análisis de la concepción de la revolución y de la reforma, la combinación de los medios legales e ilegales de lucha, en su valorización nacional y como alternativas posibles para América Latina.
En tercer término, hizo referencia a los problemas ideológicos. Entre ellos la coexistencia pacífica y la lucha de clases, y sus implicaciones conexas de paz y desarme, y la concepción de la guerra de liberación nacional como una guerra justa, porque un clima de convivencia pacífica en el plano universal, un aflojamiento de las tendencias internacionales, no sólo no obligaban a renunciar a la lucha por los cambios sociales en el seno de cada país, sino más bien "ella puede tener un renovado impulso al librar a los partidos y movimientos del peso de la polarización de los bloques y de las amenazas de la guerra internacional". También se refirió a la importancia de analizar cómo en una sociedad socialista por el sólo hecho de establecer un gobierno revolucionario no se resuelven automáticamente todas las contradicciones, y la necesidad de enfocar, entonces, los asuntos del Estado, el capitalismo de Estado y el burocratismo, dentro de una sociedad básicamente socialista.
Otro de los temas discutidos por el líder socialista fue el concepto de dictadura del proletariado. Es decir, plantear la dictadura del proletariado como democracia de trabajadores, pues dentro de las tradiciones socialistas y en el espíritu de Marx y Engels se encuentra la idea de que la dictadura revolucionaria del proletariado debe desembocar en la amplia democracia de los explotados. Por ello "la experiencia stalinista ha demostrado la necesidad de establecer instrumentos institucionales democráticos en el Estado obrero, que neutralicen las tendencias represivas".
Otros tres problemas llamaron la atención de Ampuero; la propiedad nacionalizada; las relaciones de intercambio entre naciones socialistas y problemas del desarrollo económico socialista y, por último, los problemas políticos. Especialmente aquellos que se relacionaban con el estudio de los instrumentos institucionales democráticos del gobierno revolucionario, y en especial, la creación de instituciones que mantuvieran la conexión entre el interés político y social de las masas trabajadoras y los objetivos de su gobierno revolucionario, poniendo atención a la concepción del partido aislado y sólo, como único intermediario entre la voluntad política de las masas y el Estado, o las ideas de un partido como centro y columna vertebral de una más amplia organización de instituciones, movimientos y personas.
Por aquellos días ya soplaban los aires del "efecto cubano" y el Partido, como es sabido, no estuvo ajeno a su influencia, sino que por el contrario, la experimentó intensamente. Pero tampoco el Partido estuvo ajeno a las implicancias del cisma chino-soviético. En su informe al XX Congreso, febrero de 1964, el Secretario General manifestó:
La crisis chino-soviética, principalmente, pero también el embrujo romántico de las acciones guerrilleras en otros escenarios o la demagogia irresponsable de algunos aventureros, constituyen los ingredientes básicos de quienes pretenden fundar una nueva agrupación política, que dispute el campo a socialistas y comunistas. Nada tendríamos que objetar si se conforman con reclutar adeptos limpiamente, rivalizando con nosotros a la luz del día; pero no es así, las expectativas están puestas en la previa destrucción del Partido Socialista.
El momento decisivo en la trayectoria socialista hacia una concepción insurreccional tuvo lugar en torno a la realización del XXI Congreso en junio de 1965 y está marcada por la tercera derrota electoral de Salvador Allende como candidato presidencial, los reordenamientos en el seno de la izquierda y el desafío DC en cuanto a partido con actividad de masas. Fue en ese Congreso, realizado en Linares, en que el Partido radicalizó sus planteamientos teóricos, y dejó abierto el camino y dadas las condiciones para que dos años más tarde, en Chillán, se adoptara la "vía insurreccional".
Las discusiones de ese Congreso tuvieron como base una tesis política elaborada por una figura partidaria emergente que tuvo una gravitación importante en la vida interna del Partido hasta 1973, Adonis Sepúlveda Acuña, en la que realizó un recuento del devenir partidario desde el Congreso de unidad de 1955. Sin embargo, su eje principal lo constituyó su análisis del estado en que quedó el movimiento popular después de la elección de septiembre de 1964; en él, nuevamente los fantasmas del reformismo y la colaboración de clases comenzaban a rondar al socialismo chileno:
La no conducción de la lucha social hacia un enfrentamiento decisivo de clases y su orientación exclusiva por la vía electoral, presentando ese camino como una etapa de la revolución chilena, dejó a ésta sin otra posibilidad que el triunfo en las urnas. El fracaso la dejó sin salida momentáneamente, provocando un cambio en el estado anímico y en el sentido del movimiento de masas: su reflujo político.
Sin embargo, el proceso de la revolución no se rompió con la derrota. Su desenlace ilegítimo -que no llevó a jugarse a la clase y sólo desgastó sus energías en luchas insustanciales- permitió que sus fuerzas quedaran con sus cuadros vivos y combatientes.
El problema era ahora la definición del objetivo estratégico en pos del cual había que invertir todo "este capital político, puesto nuevamente en marcha hacia la toma del poder como objetivo de fondo, depurado y orientado sin debilidades ni vacilaciones hacia su meta histórica, debe culminar ineludiblemente en el triunfo del socialismo".
El problema creado por la emergencia de la Democracia Cristiana como fuerza política popular de masas, y su política de "Revolución en Libertad", obligaba al socialismo a perfilarse de manera más clara, de tal manera que los llamados desde el centro no tuvieran eco en las filas partidarias; a los socialistas estos no pueden hacernos dudar de la vigencia de nuestros postulados básicos. No hay ni puede haber una sino una revolución: la que lleve al poder a la clase obrera y al pueblo para realizar a través de un solo proceso las tareas incumplidas de la revolución democrático-burguesa y la revolución socialista.
Desde ese punto de vista, las tareas de los socialistas eran claras y representaban trascendentes desafíos, pues:
"nuestra perspectiva sigue siendo la toma del poder, aunque este objetivo no esté a la orden del día en lo inmediato por las condiciones actuales que han cambiado la característica y el ritmo de la lucha. Dentro de esta perspectiva, las tareas presentes de los partidos de vanguardia son por un lado, la reconquista de las masas...y por otro, impulsar la lucha del pueblo desde su nivel actual hacia una salida revolucionaria que culmine con la toma del poder (...)".
En esa perspectiva tampoco era plausible un entendimiento con el centro radical, e igualmente era considerado funesto continuar alimentando agrupaciones minúsculas, seudo izquierdistas a las que calificó como a "verdaderos despojos de la burguesía". Sería fatal forjar nuevas ilusiones en las masas; por lo tanto, junto con agilizar la organización del movimiento popular, incluida la Central Única de Trabajadores, el Partido debía afianzarse de nuevo en las masas con una política de contornos precisos y definidos.
Tal postura significaba reafirmar la vigencia de la línea estratégica establecida en 1957, pero a la vez revisar los contenidos de la alianza con el PC. Al respecto, en cuanto al FRAP, el documento de Adonis Sepúlveda planteó que:
Como expresión de la línea de Frente de Trabajadores, debe constituirse en un efectivo Frente de Clase, que prepare con un sentido revolucionario el nuevo ascenso del movimiento popular. Una política de este orden implica resolver las diferencias que neutralizan la acción de los partidos obreros, para dar paso a una perspectiva estratégica común elaborada en franca y abierta discusión. Porque mientras se mantenga la actual correlación de fuerzas dentro del movimiento popular, la consecución de objetivos revolucionarios de la clase obrera sólo será realidad si la conducción del movimiento no significa dos líneas divergentes, ni menos una orientación supeditando a la otra. La unidad socialista-comunista ha significado, en los hechos, dos puntos de vista que han chocado en momentos trascendentales o se han impuesto subrepticiamente. No obstante estos obstáculos paralizantes, ha sido la unidad de clase, la unidad socialista-comunista, la que ha permitido la formación orgánica del movimiento popular y ha impulsado su desarrollo. Esta premisa sigue siendo válida, pero por los propios resultados de la estrategia seguida como por la experiencia ganada con las actuales formas de entendimiento, necesitamos elevarla a un plano distinto en el cual los objetivos y la estrategia común no impidan la configuración política propia de cada partido. La unidad socialista-comunista sigue siendo valedera y está en la esencia de la línea de Frente de Trabajadores, pero no unidad por la unidad, sino unidad para preparar el camino de la revolución y consumarla.
Y a continuación planteó la tesis que llevaría a los Socialistas a elaborar la polémica resolución del Congreso de Chillán, dos años más tarde:
"Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder. ¿Significa esto abandonar las elecciones y propiciar el abstencionismo por principio? Debemos clarificar este problema sobre el cual, consciente o inconscientemente, se hace tanta oscuridad. Un partido revolucionario, que realmente es tal, le dará un sentido y un carácter revolucionario a todos sus pasos, a todas sus acciones y tareas que emprenda y utilizará para estos fines todos los medios que permitan movilizar a las masas...Afirmamos que es un dilema falso plantear si debemos ir por la "vía electoral" o la "vía insurreccional". El Partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. La insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución. No podemos predecir la forma concreta que adquirirá en el futuro la insurgencia de las masas (...) En la nueva etapa de la Revolución Chilena, el Partido Socialista tiene una nueva posibilidad de poner a prueba su condición de vanguardia revolucionaria de la clase, impulsando todas las iniciativas de las masas, desatando sus energías revolucionarias y convirtiéndose en campeón de sus luchas reivindicativas inmediatas y su liberación definitiva (...)".
Además el Congreso partidario acordó, por una parte, redoblar sus esfuerzos por afianzarse en las masas, y por otra, en el plano interno, experimentó un giro trascendental al adoptar el "leninismo". A partir de entonces, y de acuerdo con el mandato del XXI Congreso, se abocó a:
1º Planificar metas y tareas dirigidas a mejorar el rendimiento interno partidario en todos sus niveles de trabajo.
2º Impulsar una actividad política y doctrinaria destinada a recuperar los perfiles propios del Partido.
3º Sacar al PS de su aislamiento internacional.
Con relación al primer punto, el desafío era mayor y se declaró 1966 el "año de la organización". En el Pleno Nacional de marzo de ese año se acordó celebrar una Conferencia Nacional de Organización, la que se desarrolló en Santiago en agosto, a la cual concurrieron delegaciones representativas de 33 comités regionales, y miembros acreditados de las diferentes brigadas y frentes.
La Conferencia replanteó los principios orgánicos y modificó los Estatutos de acuerdo con lo cual el Partido se transformó en una organización marxista-leninista de cuadros revolucionarios para realizar una política de masas. La estructura orgánica también fue modificada de manera tal que respondiera adecuadamente a los mayores requerimientos de la línea política cada vez más inclinada a la vía insurreccional Nº 79, agosto de 1967.



Los grandes líderes de la renovación
Básicamente la generación que se hizo cargo del partido en 1947, y en este sentido Raúl Ampuero jugó un rol decisivo. Él, Adonis Sepúlveda, Clodomiro Almeida, Iván Núñez y Julio Cesar Jobet fueron los inspiradores intelectuales y políticos de una experiencia que marcó una de las etapas más fascinantes del Partido Socialista de Chile.
En menos de una década, el Partido había experimentado una transformación teórica y orgánica trascendente, al punto que aún hoy es motivo de polémicas. Ese tránsito, los Socialistas chilenos lo iniciaron a través de sus propios análisis, antes del triunfo del Movimiento 26 de Julio en Cuba, pero sin duda que el desarrollo de la revolución en ese país jugó un rol importante, más no determinante, en la radicalización del Partido Socialista de Chile.
La radicalización e izquierdización del Partido Socialista de Chile, fue un proceso que se originó en sus propias crisis internas y que se gestó con el recambio generacional en su dirección desde fines de la década de 1940. Ese proceso, en gran medida, estuvo determinado por la frustración que generó al interior de la organización fuerzas centrífugas y pugnas internas que le levaron al borde de la extinción en 1946.
La frustración de los socialistas chilenos luego de ocho años de colaboración en gobiernos encabezados por el Partido Radical tuvo altos costos políticos, que se expresaron no sólo en divisiones y la partida de líderes históricos, como fue el caso de Marmaduke Grove, sino en una vertical caída en el apoyo electoral que había logrado en sus primeros años de existencia, que se prolongó por algo más de una década. También esa crisis llevó al socialismo chileno por caminos divergentes en cuanto a las alianzas políticas que desarrollaron los principales sectores en que se verificó su división. Así, en 1952 mientras el grueso de los socialistas se plegó a la candidatura presidencial populista de Carlos Ibáñez, el sector minoritario, encabezado por Salvador Allende, inició una política de alianzas con el Partido Comunista de Chile, en su primera candidatura presidencial, que se prolongó hasta, por lo menos, 1976.
En alguna medida, ello reflejó las contradicciones socialistas por el próximo cuarto de siglo, pues mientras las resoluciones de sus congresos empujaban cada vez más a la organización a posturas y posiciones radicales que culminaron en las resoluciones del Congreso de Chillán de 1967, el Partido siguió participando con entusiasmo en las contiendas electorales, ya fuesen ellas municipales, parlamentarias o presidenciales.
El doble discurso partidario tuvo un costo importante para el Partido, en la medida en que su retórica revolucionaria generó al interior de la organización fuertes tendencias, que se alejaron cada vez más de la lógica de la política parlamentaria, mientras que, por otra parte, sus diputados y senadores jugaron un rol protagónico mayor. Las repercusiones de esa tensión estratégica tuvieron su máxima expresión luego de la tercera derrota de Salvador Allende en la elección presidencial de 1964.
En 197l, en el XXlll Congreso desarrollado en La Serena, se profundizan las tesis sobre la vía insurreccional y se refuerza la doctrina de inspiración Marxista sobre la defensa del gobierno popular. Como vemos, el proceso de evolución en la concepción de la insurrección como única vía para lograr el cambio social y la base para la construcción del Socialismo, en el caso del Partido Socialista, solo adquiere connotaciones reales y objetivas a partir del Congreso de Chillán. Posteriormente, en Linares se refuerzan los conceptos de revolución y salida insurreccional. En La Serena, el Congreso acuerda por amplia mayoría y dentro de esta lógica, crear como orgánica partidaria: El Frente Interno, estructura que será la encargada del trabajo hacia las Fuerzas Armadas, Sistema  de Inteligencia y Contrainteligencia, Grupos de Apoyo Operativo, De Protección al Presidente de la República, y el Aparato de Agitación y Propaganda. Esta estructura partidaria quedará a cargo de los Compañeros Arnoldo Camú y Exequiel Ponce, a quienes el Congreso elige. De esta forma, en 1971 período pleno en el ejercicio del Gobierno Popular, el Partido Socialista tenía una doctrina claramente revolucionaria en la concepción del momento histórico, una estructura que obedecía a la doctrina Marxista del partido revolucionario, todo esto, producto de un largo proceso evolutivo y democrático, determinado por Congresos regulares, donde el sentimiento popular y revolucionario quedó expresado en lo que fue la línea, estrategia, y doctrina de los socialistas, de tal forma, las tendencias, disidencias, conductas revisionistas y traiciones, por supuesto, no obedecen al Partido Socialista, que los hechos históricos y la realidad del pueblo construyó.
El Ejército de Liberación Nacional y El Partido Socialista

La dinámica del cambio revolucionario expresado en el proceso de evolución, descrito más arriba, que vivió el Partido Socialista a partir de 1955, motivado por el proceso interno del país, y profundamente por el cambio en el equilibrio de fuerzas provocado por la Segunda Guerra Mundial y los fenómenos nacionales de liberación de los pueblos, en amplios sectores de la humanidad, generaron una influencia determinante. El fenómeno de la descolonización de amplios sectores geográficos del mundo, como: La India en 1948; En África: Argelia y Palestina 1952-1962; En Asia: Corea, Vietnam, Indonesia, Camboya 1945-65; China 1948; La consolidación de la URSS 1947. En América: La revolución Mexicana 1910-1917; Nicaragua, Sandino 1926-1932; Salvador, Farabundo Martí 1932; Brasil, Movimiento Social de Juan Carlos Prestes 1931; Chile, Republica Socialista de Grove, 1932. Provocan un impulso determinante en la lucha revolucionaria en el mundo y en América Latina y generan un cambio sustancial en las condiciones objetivas y subjetivas de la posibilidad revolucionaria en todo el continente.

La determinación de los pueblos Latino Americanos de varios países en la década de 1960 a 1970, de iniciar procesos de liberación nacional por la vía revolucionaria insurreccional, está fundada principalmente por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la cual, por su ejemplo y por su contribución solidaria hace posible el anhelo emancipador en: Colombia; Venezuela; Perú; Brasil; Nicaragua; Brasil; Guatemala; Argentina; Uruguay.

En este contexto histórico del cambio revolucionario continental, se permean instituciones propias de la estructura de poder burgués, como las fuerzas armadas, las cuales son traspasadas por el sentimiento del cambio, iniciando procesos de claro corte nacionalista revolucionario, como: Panamá, Omar Torrijos; Guatemala, Turcíos Lima; Perú, Velasco Alvarado; Bolivia, Juan Jóse Torres. También producto del sentimiento de cambio que avanza por el continente, surgen procesos de Nacionalismo Populista como alternativa, en países como: Brasil, Janio Cuadros; Argentina, Cámpora y Perón; Ecuador, Velasco Ibarra.

En Estados Unidos, la crisis provocada por la extensión de la guerra en Viet Nam y los negativos resultados en el desarrollo de esta, y los graves conflictos interraciales internos, más, el fracaso de la estrategia de dominación desarrollista para América Latina llamada “Alianza para el progreso”, crean condiciones objetivas para pasar a niveles superiores de lucha emancipadora en la parte sur del continente.

En Europa, los primeros síntomas de crisis capitalista de los estados de bienestar, aplicados por la Socialdemocracia europea, empezaban a generar los primeros conflictos político sociales de lo que sería Mayo de 1968 en Paris, y sus consecuencias posteriores.

En este marco, donde los equilibrios de fuerzas cada vez son más desfavorables a los intereses del Imperialismo Capitalista, donde la agudización de la lucha ideológica había cautivado las conciencias de buena parte de la humanidad, se decide por parte del Alto Mando Cubano, el inicio de las acciones de liberación del Cono Sur de América, para lo cual, por sus realidades geopolíticas y estratégicas es elegida Bolivia,   como centro del inicio de las operaciones, para lo cual, se coordinan las acciones con el Partido Comunista Boliviano, al cual, se le capacitan militarmente 100 cuadros, los cuales, son adiestrados a nivel de comandos militares, se le entregan 200 mil dólares a su Secretario General Mario Monge para compra de pertrechos y recursos para compra de un amplio predio agrícola, de esta forma, se funda el Ejercito de Liberación Nacional de Bolivia, y se designa como su primer Comandante a Ernesto Guevara (Che). El plan de operaciones contemplaba crear Secciones del ELN en Argentina, Perú y Chile, las cuales, cumplirían los roles de apoyo logístico, comunicaciones y dotación de cuadros militares. En el caso de Chile, el Che estando aún en Cuba, encarga esta acción de crear la sección chilena, a su compañero en el Banco Nacional de Cuba: Jaime Barrios Meza, ex Comunista, quién en cumplimiento de esta instrucción viaja a Chile y toma contacto con las organizaciones políticas locales con el objeto de comprometerlas en los objetivos del plan liberador, solamente es acogido por un sector del Partido Socialista, concretamente por Elmo Catalán, quien lo contacta con Arnoldo Camú, dando inicio a lo que será la sección chilena del ELN, en ese primer momento, es incorporada: parte de la Brigada Universitaria Socialista, con Beatriz Allende, Eduardo Paredes, Domingo Blanco; Jaime Sótelo, sobreviviente de la masacre del Salvador; Manuel Matamoros N., Presidente de la Federación Bancaria de Chile y parte de la directiva de esta central sindical y muchos más connotados dirigentes políticos y sociales, todos de militancia Socialista, incluido el que escribe este análisis histórico, para los cuales no existía, a ese momento (1966) contradicción alguna entre la línea política del Socialismo Chileno y el objetivo liberador de un pueblo hermano americano, nuestro sentimiento profundamente latinoamericanista nos obligaba a comprometernos en esta lucha.

El desarrollo de la lucha en Bolivia muchos de nosotros lo conocemos, la acción liberadora fracasa por las graves contradicciones de la izquierda boliviana, por la traición del Secretario General del Partido Comunista Boliviano, quién niega su apoyo al ELN, antes ofrecido, quién no entrega el contingente de comandos revolucionarios entrenados para tal efecto, quién se roba los recursos entregados y manda a su familia a Rio de Janeiro por razones de seguridad, lo que motiva que dos miembros del Comité Central: Inti y Coco Peredo, renuncien a ese partido y se integren a la guerrilla. Nosotros, la sección chilena, cumplimos con nuestro mandato, el apoyo logístico siempre estuvo en tiempo y lugar, anecdóticamente: con increíble esfuerzo, llevamos desde Chile equipos de comunicación Thomson entregados por el ELN argelino; no solo dotamos de equipos y pertrechos a la lucha guerrillera, sino, también de combatientes revolucionarios chilenos, que ofrendaron su vida por la gesta emancipadora del Che en Bolivia, hoy héroes olvidados. Vaya hacia ellos nuestro homenaje y recuerdo.

La acción de apoyo logístico en lo material y político, de la sección chilena del ELN, siempre estuvo presente: Después de Ñancaguazú, nuestro rol siempre fue cumplido, refugio y protección clandestina a Coco e Inti Peredo acá en Chile, por largo tiempo, después de Teoponte, apoyo a los detenidos y a las víctimas de la represión, labor que estuvo a cargo del Compañero Salvador Allende G., como Presidente de Olas y del Senado chileno.

El deber de todo revolucionario es hacer la revolución, fundados en esa premisa, muchos chilenos socialistas,  pensamos que dadas las condiciones en 1966, cuando fuimos convocados, no creábamos contradicción alguna al incorporarnos a la lucha guerrillera del Che en Bolivia. Las condiciones, del punto de vista doctrinario, habían evolucionado en el socialismo chileno, Chillan después ratifica esto, que es profundizado en Linares y La Serena. La concepción de un partido Marxista Leninista, el método de análisis de la realidad y los acuerdos de sus Congresos no creaban contradicción alguna con los objetivos de la lucha guerrillera cuyo fin era la revolución.

Cuando Allende accede al poder burgués en 1970, sabíamos perfectamente a quien nos enfrentaríamos: A la Burguesía y al Imperialismo, la aplicación del programa propuesto a los chilenos planteaba este enfrentamiento. Nuestros aliados eran desde el punto de vista de nuestra tesis: Los trabajadores, manuales e intelectuales, un Gran Frente de Trabajadores, que debía formarse para apoyar la aplicación del programa y consecuentemente defender al gobierno popular. La dinámica social que genera la aplicación del programa a Octubre de 1972: Nacionalización de la Banca Privada, Nacionalización del Cobre y las riquezas básicas, aplicación de las 40 medidas etc. (…) Genera, un profundo proceso de polarización que descarta la otra tesis en el seno de la Izquierda, cual era, la creación de un Movimiento de Liberación Nacional, apoyada por el Partido Comunista y los sectores reformistas de la UP, pues la polarización en el polo político opuesto, alió a la burguesía DC y otros sectores con la Derecha y los intereses Imperialistas, esta sería, la contradicción en la izquierda chilena, que determina el fracaso del proceso. El programa de la UP proponía crear las bases para la construcción del Socialismo por la vía democrática, por tanto, la tesis de la “Revolución Democrática Burguesa” de los Comunistas y reformistas, era extemporánea, ya había fracasado en Chile. Frei, los Democratacristianos, con su “Revolución en Libertad” representaban eso, que los chilenos rechazaron en 1970.

El plan de la burguesía y el imperialismo contra el régimen que se inicia en 1970, empieza improvisadamente con acciones de boicot del gobierno de Frei Montalva, a cargo del Ministro de Hacienda Andrés Zaldívar, Frei exige garantías especiales al Presidente que asume, y desemboca, en el asesinado del Comandante en Jefe del Ejercito Don René Schneider, organizado por la ultraderecha aliada a sectores del ejercito.

Durante 1971, el programa del gobierno popular se aplica profundizándose a áreas de la economía no contempladas en el proyecto original, fundamentalmente, empujadas por la lucha de clases de un pueblo trabajador que identificaba a este, como su gobierno, las elecciones municipales se desarrollan y entregan un amplio triunfo a la UP con un 50% de la votación, este resultado electoral plantea por primera vez en Chile el término de los 3/3 y nuevamente echa por tierra la tesis del Frente de Liberación Nacional, al desahuciar cualquier posibilidad de alianza con la burguesía al situar a esta, cada vez más a la derecha, generando ya a ese momento, las condiciones para un plan con claro perfil desestabilizador al Gobierno. En estas condiciones de radicalización del proceso, se configura el plan del sector opositor: Primeramente, se buscará la generación de conflictos sociales artificiales; Se creara crisis de desabastecimiento; Se organizaran a los sectores empresariales de la burguesía para que organice paros en el país, Octubre de 1972; acciones Terroristas a cargo de la Ultra Derecha etc. (…). Este plan, ya en una clara alianza política entre la Derecha y la Democracia Cristiana, tenía como objetivo en Diciembre de 1972, la destrucción de la imagen nacional e internacional del Gobierno de Salvador Allende, para enfrentar las elecciones de Marzo de 1973, donde pretendían obtener los 2/3 del quórum parlamentario, y acusar constitucionalmente al Presidente. El plan fracasa, ya que la UP obtiene en esa elección el 44% de la votación, obligando a la alianza opositora a pasar decididamente al plan golpista contra el régimen, ya a ese entonces, con claro asesoramiento del Departamento de Estado de EEUU y la CIA.

Durante la crisis de Octubre de 1972, el Presidente incorpora a las FFAA al gabinete, en esto queremos ser claros: La figura de Carlos Prats González, era suficiente garantía de profesionalismo militar y respeto a la institucionalidad. Asimismo, a otros miembros del alto mando militar, cuestión que quedó clara después del golpe: Prats renuncia por falta de apoyo del gobierno, Sepúlveda Galindo Director de Carabineros, es conminado a renunciar el mismo día 11 de Septiembre, así como Montero en la Armada, solo Ruiz Danyau de la Fach ofrece un caso especial, pues era Democratacristiano. Altos mandos de las FFAA son incorporados a la gestión de gobierno, este fenómeno los hace tomar parte y conocimiento de los problemas que estaban ocurriendo y sus causas, además, los informes de los servicios de inteligencia les informaban de la acción del golpismo que ponía en riesgo la estabilidad institucional del país. Esta cuestión de la mayor importancia, decide al General Prats a diseñar un  Plan de Defensa de Santiago, que tenía como objetivo defender la legalidad y la constitucionalidad, para esto, se hizo asesorar en lo que respecta a fuerza civil e infraestructura, por Comisiones especiales ya contempladas en la estructura del Partido Socialista, y elegidas en el Congreso de La Serena. El Plan consistía simplemente en constituir zonas liberadas, que por su realidad en infraestructura, fuerza civil, infraestructura militar institucional, ofrecieran garantías estratégicas para defender al régimen, con una respuesta insurreccional en defensa del Estado, así operaba la dialéctica del plan.

La asonada golpista del 29 de Junio de 1973, pone a prueba el ascendiente del general Prats sobre la tropa, contra todas las especulaciones que se han tejido en torno al carácter de esta aventura golpista.

Este día, 29 de Junio de 1973, es una fecha hito dentro de nuestra historia, las FFAA  chilenas, en la mañana, abortan la aventura golpista del sector cívico militar que atentaba contra el régimen y en la tarde el pueblo de Santiago, brinda a su gobierno, el más grande apoyo en una movilización histórica que duró horas, fue en ese momento, que el régimen debió descabezar al golpismo cívico militar y evitar la barbarie que empezaría a asolar a Chile dos meses después.

Nuevamente, son las contradicciones de la izquierda, esta vez de la chilena, las que provocan las condiciones para que se desate el plan golpista. Prats, renuncia por falta de apoyo de la UP, sin él, nada garantiza lo que ocurrirá, así lo entendieron los golpistas quienes concentran la acción en su contra y lo obligan a tomar esta decisión, un año después, lo asesinan en Buenos Aires. La suerte que corrieron los otros sectores de las FFAA más comprometidos con el proceso, la conocemos, en la Armada, 75 suboficiales    fueron cruelmente torturados antes del golpe y mantenidos en prisión por largo tiempo, igual suerte, tuvieron 115 miembros del Alto mando y suboficiales en la Fach, Comandantes de regimiento en el Ejercito, en Carabineros etc. (….)

Este error estratégico incalificable, motivado como dijo Ampuero años antes, por el Talmudismo sectario y dogmatico de un Fundamentalismo fanático, que solo y obsecuentemente, quiso reproducir experiencias de otras realidades históricas fracasadas y otras culturas, posibilitó el golpe de estado en Chile. También y claramente, los sectores reformistas del partido Socialista, quienes nunca cumplieron los acuerdos de los Congresos del Partido, a partir de Chillán, cayendo en fraccionalismo estériles, tendenciales sin fundamento, pues sus posiciones solo representaban caudillismo, debilitando al Partido. Años después, los hechos históricos darían la razón a este argumento: Los Socialismos de Estado son rechazados por las sociedades victimas de ellos y el Socialismo chileno, cae en un revisionismo traidor y oportunista, adjurando de lo que es el Socialismo chileno,  ese que está plasmado en la figura de Allende.

El período que va entre la asonada golpista del 29 de Junio y el 11 de Septiembre de 1973, está fielmente reproducido en la Carta del 5 de Septiembre de 1973, que los trabajadores chilenos organizados en Cordones Industriales, envían al Presidente de la Republica, es clara y categórica en ratificar el apoyo al gobierno popular, en su ánimo de defensa de los derechos y la cuota de poder obtenidos hasta ese momento, denuncian los atropellos de que están siendo víctimas, de cómo allanan sus casas, sus trabajos, de cómo crean terror, de cómo desarman al pueblo, nada se hace, ya nada había que hacer, el 23 de Agosto de ese año, el Senado manejado por Frei y Aylwin acusa de ilegalidad al Presidente, creando los argumentos para el golpe de estado.

Contrariamente a lo orquestado en la Institucionalidad golpista del Estado, el pueblo participe en la gestión de gobierno, había adquirido tal nivel de conciencia, organización y lucha, que la denuncia y propuesta formulada en la mencionada Carta de los Cordones Industriales, pasa a tener el carácter de mandato al Presidente de la República, él cual así lo entiende, y decide llamar a un Plebiscito.

La crisis que se había producido  por la falta de gobernabilidad de la UP, producto de sus graves contradicciones internas, había desembocado en esta paradoja: Teníamos Plan de Defensa de la Institucionalidad, pero no teníamos al Comandante para implementarlo, Prats garante de este plan, había renunciado el 20 de Agosto; Teníamos a la fuerza civil para coordinar con la fuerza militar leal, los Grupos Operativos y los Grupos de Inteligencia del Partido Socialista estaban insertos en el Plan General; Y lo más importante, teníamos a un pueblo decidido a defender hasta las últimas consecuencias a su gobierno.

Los detalles y pormenores de lo ocurrido el 11 de Septiembre aquel, son conocidos, solo me referiré a los antecedentes que han sido premeditadamente silenciados. Todos conocíamos la decisión del Presidente Allende de no abandonar la Presidencia antes de cumplir su mandato,  sabíamos que iba a cumplir su palabra, lo conocíamos. Teníamos un plan de defensa de la institucionalidad, trunco, sin comandante de la fuerza militar, pero sí de la fuerza civil: Arnoldo Camú; teníamos el contingente civil adiestrado y equipado; teníamos a los equipos sanitarios; teníamos la zona a liberar: la zona sur de Santiago, por sus características de densidad poblacional, concentración de industrias metalmecánicas que permitían la fabricación de equipo; y teníamos las mejores estructuras de organización obrera: los Cordones Industriales de Vicuña Mackenna, San Joaquín y Cerrillos; y además, teníamos la decisión de defender junto a nuestro Presidente, la legalidad de su mandato y los derechos del pueblo.

La operación de defensa, se tornaba difícil, pues la fuerza militar institucional a esa hora (7.30 A.M.) no aparecía clara en su posición, si sabíamos del alzamiento de la Armada, El Siglo en su edición a primera hora, en grandes caracteres llamaba al pueblo a la defensa del Gobierno, fuimos convocados a primera hora por parte de Comité Central, al estadio Cormu en San Joaquín, donde estaban presentes los compañeros: Carlos Altamirano, Adonis Sepúlveda, Exequiel Ponce, Rolando Calderón y Arnoldo Camú, se nos entregaron los equipos y se nos señaló nuestro lugar de combate, el contingente reunido en ese lugar fue de 120 a 140 hombres, los cuales inmediatamente se dirigieron en columna motorizada hacia la industria Indumet, en esta industria especializada, a esa hora ya se estaba fabricando equipo militar por parte de sus 200 obreros dirigidos por su interventor, el compañero Ponce ingeniero ecuatoriano, salvajemente asesinado, también se encontraba reunido el equipo sanitario a cargo de la Compañera Celsa Parrau esposa de Camú.
El primer objetivo que se define una vez ubicados en la zona a liberar, es rescatar al Presidente, para lo cual, se estaba en comunicación con el Compañero Paredes (Coco) ubicado en la Moneda y todo indicaba que la decisión de Allende, en ese momento, concordaba con el objetivo señalado.

Es una reunión trascendental, acordada previamente, que se lleva a cabo en Indumet,  la que definirá el curso de los acontecimientos ese día, el Partido Comunista comunica su decisión de no defender al Gobierno Constitucional y pasar a la retaguardia en espera de la reacción del Parlamento, pasando desde ya a la clandestinidad. Esto es comunicado al Partido Socialista quién llevaba la iniciativa de defensa, por Víctor Díaz y José Oyarce, miembros de la dirección de ese partido.
Con respecto a esto, debemos precisar que un mes antes, oficialmente ese partido, había informado “que contaba con 18.000 hombres en armas” textual, un 10% de su militancia total, y además ese día en la mañana temprano “El Siglo” llamaba al pueblo a defender al gobierno. Nuevamente, como en el caso Boliviano, se antepone al interés de la revolución, el interés dogmatico y sectario de una tesis fracasada a ese momento en Chile. El resto ya lo conocemos, como los comunistas desarman la industria Sumar en ese momento, dejando a los obreros dispuestos a luchar sin armas etc. (….)

En el caso del MIR, a esa reunión asiste Miguel Enríquez y Pascal Allende, aceptan el plan propuesto, piden se les espere coordinar su fuerza central de 400 hombres, 80 de ellos con equipo completo.

Este hecho fundamental, es informado al Compañero Presidente, quién decide ofrendar su vida luchando por los intereses del pueblo.

El otro hecho importante que ocurre ese día, y que lo vivimos, es la actitud del pueblo: En Sumar, sus trabajadores, y en la población La Legua vecina a esta industria, sus pobladores. Debemos considerar que a 500 metros de los pobladores y trabajadores, ese día, estaba acantonada la 2º División del Ejército, a cargo de Brady, no obstante ello, trabajadores, pobladores y combatientes mancomunados, resistimos durante tres días el cerco y solo levantamos la zona liberada el 13 de Septiembre.

La Legua es una de las poblaciones más antiguas de Santiago, sus orígenes se remontan a la crisis del salitre, cuando los obreros de esta actividad, quedan cesantes y emigran hacia Santiago, tomándose estos terrenos, es cuna del proletariado chileno. Hoy tan estigmatizada y criminalizada, vaya hacia ellos mi homenaje, por su tributo de solidaridad y espíritu de lucha, demostrado ese día.

Se nos consulta por parte de los jóvenes, entendemos: ¿Qué hicimos los Eleno-Socialistas, desde nuestros cargos, como funcionarios del gobierno popular o dirigentes del Partido?

La lucha revolucionaria en Bolivia, el Socialismo chileno en 1970 y la inédita posibilidad de construir las bases para hacer de Chile un país socialista, por la vía democrática, genera en mi conciencia un fenómeno simbiótico de retroalimentación de los tres conceptos, creo que a muchos de nosotros nos ocurrió algo similar.

Haber sido miembro del ELN desde 1966 y militantes del Partido Socialista desde 1964, después de la evolución que tuvo el Partido Socialista, es una simbiosis que claramente desemboca en el fenómeno revolucionario, y la Unidad Popular era eso: Un proceso Revolucionario, Democrático y Popular.

¿Qué hicimos?: Aplicar aceleradamente el programa de Gobierno, haciendo uso de todas nuestras capacidades, en Marzo de 197l, habíamos recuperado todo el sistema financiero chileno para el Estado, a fines de ese año, habíamos constituido el Área Social de la Economía, recuperando las riquezas básicas del país, al mismo tiempo, Coordinábamos y Asesorábamos al Área Auto Gestionada por los trabajadores, aplicábamos un real proceso de Reforma Agraria, sin exclusiones, considerando a nuestras Etnias originarias, con ayuda técnica y financiera, eso a grande rasgos, en el sector de la economía. En el área de la organización política y social, crear y apoyar una nueva concepción de organización popular, dotándola de facultades de autogestión, luego pasarían a ser los Cordones Industriales. Desde el punto de vista partidario, preparar al partido y prepararnos, para el enfrentamiento que inevitablemente llegaría.

Vaya este trabajo en homenaje a los héroes olvidados, aquellos que me acompañaron durante cincuenta años en la realización de mis sueños, algunos construidos, y otros que, aún forman parte de mis utopías:

En Bolivia

Elmo Catalán
Tirso Montiel
Carlos Brain
Inti Peredo

En Chile:

Arnoldo Camú
Ricardo Lagos Salinas
Exequiel Ponce
Jaime Barrios
Manuel Matamoros
José Monreal Mac Mahón
Eduardo Charme
Olga Ackermann
Manuel Chacón C.
Fermín Díaz A.
Jorge Del Campo B.
Alicia Cubillos G. mi compañera de toda la vida.


Santiago, Chile, Septiembre de 2014

Raúl José Celpa López

martes, 9 de julio de 2013

INFORME CRITICO Y EVALUATIVO AL REGISTRO NACIONAL DE EXONERADOS POLÍTICOS CALIFICADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHILE

COMISIÓN NACIONAL EXONERADOS Y EX PRESOS POLÍTICOS DE CHILE


2009-2010-2011




 
                                              


PROYECTO: Informe crítico y evaluativo al registro nacional de Exonerados políticos 
                       Calificados  por el Ministerio del Interior de Chile.             

SOLICITA:   CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

FECHA:         2009-2010-2011

AUTOR:        Raúl Celpa López, Presidente Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y

                       Ex Presos Políticos de Chile.


INDICE





  1. A la Sociedad Chilena……………………………………………………….pág. 2

  1. Contexto histórico-político e institucional: Explicación a la barbarie……pág. 7

  1. El plan de exterminio del enemigo interno en Chile………………………pág. 10

  1. La Exoneración política en el periodo 73-90……………………………….pág. 12

  1. La ley de exoneración política………………………………………………pág. 18

  1. Las incoherencias e ilegalidades del proceso de calificación……………...pág. 19

  1. La reinserción social de las victimas………………………………………..pág. 27

  1. Conclusión……………………………………………………………………pág.30





Capitulo I: A la sociedad chilena



“Todo se ha hecho mal”; “los Derechos Humanos, nunca han sido prioridad para la Concertación”. Con estas afirmaciones, dos importantes actores de la lucha que hemos dado en estos años por reivindicar la verdad y la justicia sobre la barbarie que vivió nuestro país en nuestra reciente historia, podríamos sintetizar, toda una estrategia del Estado de Chile, para enfrentar este tema desde 1990.
La realidad es que no ha habido verdad ni justicia, menos, reinserción social de las victimas, en el sentido que el Derecho Internacional obliga al país. Lo que ha primado siempre en estos años, ha sido eludir la verdad, protegiendo a los autores principales y buscando artimañas para que no enfrenten a la justicia.
Hoy día en Chile, la impunidad se ha legitimado, consolidada por un decreto ley de amnistía, que se han negado a derogar y por la introducción de la figura jurídica de la desaparición forzada, decisión que surge de los acuerdos secretos de 1989 con la tiranía.
 Este oprobio ya ha producido consecuencias graves para el país, baste decir, que ante los escándalos económicos que nos han sacudido en el pasado y en estos veinte años, no existe ninguna alta autoridad política que haya sido condenada por sus responsabilidades en estos delitos, lo que constituye, según alguien dijo: “una cultura de la corrupción”.
Este cuadro se ha visto agravado dramáticamente con las denuncias que hemos hecho públicas en estos días y que son una ratificación ante la sociedad de lo formulado en más de catorce años a la institucionalidad del Estado, sin que esta, haya reaccionado rectificando estos errores.
Sin lugar a dudas, nuestra denuncia pública ha cambiado radicalmente el escenario  en que se discutía este importante asunto, hoy día, es la sociedad entera la que es informada de lo que ha ocurrido, conoce y seguirá conociendo esta descarnada realidad, donde, los Derechos Humanos han sido moneda de cambio e instrumento electoral para que cúpulas de poder ajenas al sentimiento mayoritario de la sociedad obtengan más o menos prerrogativas en una lucha abyecta.
Este divorcio entre la política oficial sobre esta materia aquí analizada, y la opinión que de ella tiene el pueblo de Chile, ha sido recogida por una encuesta realizada por FLACSO-CEPAL hace algún tiempo, en este estudio de opinión los encuestados presentan una clara tendencia: 44,9%, percibe a las instituciones armadas como responsables del proceso violatorio. Un 44%, prefiere el camino de la justicia para determinar responsabilidades. Un 78 %, piensa que la responsabilidad de estos hechos es de los altos mandos.
Un 92,5%, le asigna al ejército la mayor responsabilidad en los abusos. La opinión encuestada apoya mayoritariamente los esfuerzos por reparación material y simbólica. Este resultado, una vez más, demuestra que la sociedad chilena cuando es consultada, reacciona positivamente a la búsqueda de verdad y justicia y reinserción social de las personas agraviadas.
Obviamente, la precaria democracia que las cúpulas de poder han decidido para Chile, no ha acogido este sentimiento mayoritario de nuestra  población.
Derechos Humanos en la medida de lo posible.  Democracia en la medida de la capacidad ético moral y los principios ideológicos de los que deciden el presente y el futuro en este país.  Esa es la causa del fracaso de esta política y otras, que ha sufrido los chilenos.
Los Derechos Humanos pertenecen a todos, forman parte de un patrimonio de la humanidad que emerge como bastión para contener la violencia salvaje de un sistema globalizado que cosifica al ser humano.
  Algunos, han querido monopolizar esta lucha en Chile, hegemonizando por años este tema en representación de una sociedad que no los ha elegido para tal misión, pero que consecuentemente, los indica como responsables y cómplices de lo que ha ocurrido. Sí señores, ustedes también son responsables con su retórica hueca, llena de consignismo trasnochado, con su dogmatismo fanático y su sectarismo.
Nos preguntamos: ¿Cuándo hicieron las denuncias que hoy día conmueven a la sociedad?. A estos paladines, arrogantes y soberbios, les consultamos: ¿Cuál ha sido su postura ante esta política aberrante y la corrupción que la inunda?
 Porque el relato de los hechos históricos no puede ser cambiado, fue el pueblo con su lucha el que terminó con la noche negra que asoló al país por diecisiete años, fueron ellos y no ustedes, los que recuperaron la posibilidad democrática, que ustedes, sí traicionaron.
 Fueron nuestros mártires, los que con su vida ofrendada, se transformaron en héroes populares.
 Fueron los que por años sufrieron prisión política y tortura y que desde las cárceles seguían luchando, los que cambiaron las cosas.
 Fueron los que perdieron su país y que desde su destino de exilio colaboraron con la lucha.
 Fue la Iglesia Católica, la que con su manto solidario, acogió a los perseguidos.
Ustedes señores, llegan al final, cuando el destino estaba escrito, cuando la mesa estaba llena de futuro promisorio, aparecen a cambiar este futuro y truncarlo.
Transparentar esta verdad, es reivindicar la memoria de las victimas legitimas, que hoy, aparecen sumergidas en una vorágine de corrupción y vergüenza, compartiendo listas con criminales, golpistas y oportunistas.
Enfrentar la verdad del fracaso de la política de DDHH del Estado, y la responsabilidad de los Gobiernos a partir de 1990 por la responsabilidad legislativa que han tenido, frente a la sociedad en forma transparente, reivindica este patrimonio social.
En cambio, señores “paladines” de esta causa,  violenta el concepto, a las victimas y a los chilenos, la ola de escándalos que se han venido produciendo desde el inicio de esta política.
 Violenta la memoria de  nuestros muertos: la figura de la desaparición forzada, sacada de los anales de la propaganda nazi para impedir que a los luchadores el pueblo los declare mártires y hacer imposible la verdad y la justicia; la decisión de Aylwin de no hacer nada para derogar o anular el decreto ley de amnistía; el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el acuerdo Figueroa-Otero de 1995; el proyecto de ley del Senado de 1998; el proyecto de ley Lagos del 2003; el proyecto de ley de la Alianza-Concertación de 2005, los cuales, demuestran un criterio perverso y que traiciona los acuerdos con la sociedad chilena y el mundo.
 Violenta la dignidad de los retornados, el escándalo producido por el uso delictivo de los fondos internacionales llegados al país para su reinserción, esta dura realidad, produjo una ola de suicidios y muertes entre estos chilenos.

Violenta a las victimas de prisión política y tortura: la aberrante impunidad que la ley llamada Valech, trae implícita,  y el vergonzoso escándalo que se comete con el beneficio de educación superior para estas personas,  el cual,  ha enriquecido a universidades privadas donde ustedes participan.
 Violenta señores, la dignidad de los legítimos exonerados políticos: Financiar su propia reparación con su patrimonio previsional y aparecer en listas junto a criminales, golpistas y sinvergüenzas, todos ellos, calificados por ustedes en una carrera vertiginosa por conseguir votos y componendas.
 Violenta a las víctimas de violación a sus derechos: ser vejados en largas colas  y esperar perpetuamente ser atendidos en el sistema publico de salud, para tratar las dolencias generalmente producidas por los apremios físicos y mentales que padecieron.
En fin, violenta a las victimas y al país en su conjunto: una política que ustedes han promulgado y mal aplicado, que se caracteriza por su inmoralidad y los efectos traumáticos que produce.
En búsqueda de la verdad y la legalidad, en Mayo de 2008, nos dirigimos a la Presidencia de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, entregando un informe crítico de lo que era esta realidad, y solicitamos se cumpliera el rol constitucional que la Cámara tiene, cual es, el de controlar la legalidad de los actos del gobierno.
Un hecho inédito en esta ocasión fue conversar con su Presidenta, una parlamentaria joven de la llamada Derecha,  coalición que llega por primera vez a ese cargo, producto de una negociación en la cual, ustedes señores, entregaron tan importante sitial, a cambio de uno en la Presidencia de la Corporación, lo que desmiente la ya repetida retórica de la importancia del tema para los Gobiernos entre 1990 y 2010. 
En estos veinte años, el rol que ha cumplido la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, con su quórum dominado por los partidos de Gobierno es caracterizarse por una obsecuencia escandalosa y cómplice que ha permitido la comisión de todos los escándalos que han ocurrido con esta realidad.  El impacto que provocan los sucesos y las denuncias ocurridas en estos días, no es nada mas que la consecuencia de no haber cumplido con el mandato constitucional del artículo cuarenta y ocho de la carta magna, caiga sobre ustedes esta grave responsabilidad, que esperamos, la sociedad les haga pagar.                                                                           
Somos una organización  autónoma e independiente de carácter nacional, reconocida por el Estado por nuestra representatividad, posición técnica y responsabilidad, a pesar, de ser frontales críticos del sistema.
Si queremos que los DDHH, sean patrimonio de todos, y no de algunos, tenemos que erradicar la lógica de los vencedores, porque esta es la que imperó en aquellos tristes diecisiete años. Hemos querido fijar nuestra opinión sobre este importante tema frente a la sociedad, sin secretos ni compromisos que nos aten, esperando que esto abra un nuevo tipo de debate que sea capaz de construir un Chile mejor.
La metáfora del poeta Ernesto Cardenal, es aplicable en esta ocasión: “Fuimos soldados derrotados de una causa invencible”.
Vayan a la sociedad chilena, nuestros compatriotas, nuestros reconocimientos por la ya histórica solidaridad con esta causa, desde aquellos días en que los objetivos de la lucha eran: Libertad y Democracia, hasta hoy, en que la defensa de los Derechos Humanos y su consolidación como cultura, surgen como único bastión para contener la barbarie que trae implícita la realidad globalizada de un sistema inhumano.
Gracias a este apoyo, hoy, toda la institucionalidad de Estado, cosa que ayer  negó, investiga nuestras denuncias, doblegada por la verdad irrefutable de los hechos.

Capitulo II: El contexto histórico político institucional: Explicación a la barbarie

Fundamentalmente, el quiebre que sufre Chile en 1973, impacta y quedara inscrito en nuestra historia y la de las barbaries ocurridas en el mundo precisamente, por el carácter que asumen los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de 1973.

La evolución del hombre, caracterizada por el desarrollo de las tradiciones humanistas que llaman a la lucha por la libre determinación, la independencia y la igualdad y que quedara expresada el 10 de Diciembre de 1948 en la: “Declaración de los derechos humanos”, basada en el respeto universal de las libertades fundamentales de todos, sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión y que además en su articulo 68, otorga al Consejo Económico y Social, poderes para establecer comisiones para la formación de los derechos del hombre en esos campos y en su: “Declaración de los derechos civiles y políticos” y : “Los derechos económicos, sociales y culturales”, propicia el avenimiento de un mundo de seres liberados de la miseria, sin los peligros de las medidas de fuerza que los someten al temor y reconociendo los pueblos el supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta nueva situación que empieza a vivir la humanidad, no es aceptada por el poder imperialista, transnacional y de las oligarquías nacionales, en cada sector del mundo.

En el curso del siglo 20, hemos visto el despertar de Asia, África y América Latina, pueblos que por conquistar su independencia deben sufrir duras y crueles batallas como la librada en Indochina, en forma sucesiva contra los Japoneses, Franceses y Norteamericanos, apareciendo en esta lucha emancipadora, una doctrina de lucha contrarrevolucionaria que perfeccionan los Franceses en Vietnam en 1946 y posteriormente en Argelia, y que pasó a llamarse: “Doctrina de Seguridad Nacional”, fundada en una concepción elitista de hombres superiores, que por su valer y rigurosa disciplina militar, están en condiciones de dominar al pueblo y destruirlo en una guerra de contrainsurgencia que ejecutan sin tiempo, ni frente ni enemigo definido, no distinguiendo entre civiles y militares, niños o ancianos, y en que el terror y los procedimientos mas crueles, son lícitos.

Doctrina fracasada en Vietnam y coincidente con la etapa de la Guerra Fría que divide al mundo en dos sectores antagónicos, y con el propósito de impedir las luchas reivindicativas de los pueblos por su independencia, libertades civiles, económicas, sociales y derechos humanos, es nuevamente implementada en Estados Unidos, en 1947 a través de la: “National Security Affairs” y cuya institución implementadora será el “Consejo de Seguridad Nacional.

La política de penetración ideológica de Estados Unidos con respecto a esta doctrina en el caso de América Latina, llegó según El Mercurio (01.09.1985), a 46.500 oficiales latinoamericanos, los cuales, fueron adiestrados entre 1950 y 1968 en los conceptos político ideológicos de la seguridad nacional, en sus propios institutos militares esto es, en territorio norteamericano.

A partir de 1964, esta doctrina es aplicada en América Latina. Prescindiendo de la soberanía popular, intervienen en Brasil, derrocando a su presidente democrático y constitucional, iniciando así en el continente una secuela de golpes militares a los que llaman: “Pronunciamientos Institucionales” y que se fundan precisamente en el desarrollo de la geopolítica, como consecuencia de la concepción dogmatica de un mundo bipolar donde Brasil, debe aliarse a USA, en una guerra global, permanente y total, y que por su carácter involucra a todos, existiendo solo amigos o enemigos y que este adversario es el comunismo que debe ser estirpado.

Mediáticamente, la doctrina es presentada como una formula en la cual desaparecen los problemas socioeconómicos, el antagonismo de clases, las desigualdades de todo tipo, los conflictos laborales, estudiantiles, poblacionales, sindicales, bajo la égida y control de un orden piramidal.


El terror, es su arma predilecta con el cual debe recurrirse en todas sus formas para obtener información: política, militar y orgánica, con el fin de liquidar la estructura del adversario, debe recurrirse a la tortura dentro del concepto de guerra, sin campo ni fronteras, y contra un enemigo externo o interno.

El modelo tiene como ética: la estrategia bélica; su filosofía es: la geopolítica; su protagonista: las Fuerzas Armadas; el poder de control: un Estado omnipotente policial y terrorista.

La evolución positiva de los procesos democráticos del conosur de la región latinoamericana, plantea como respuesta, una acelerada implementación de esta doctrina, la cual, es aplicada como un sistema coordinado que guarda similares características para: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolivia, sumando a la participación activa de las Fuerzas Armadas de estos países, a las oligarquías nacionales y a las sucursales del transnacionalismo económico, todo esto, bajo la coordinación y asesoría de Washington.

En el caso de Chile, en 1973 es institucionalizada la doctrina de seguridad nacional en un comienzo, a través de la declaración de una guerra interna en contra de un enemigo nacional, el cual, es sometido a un programa de exterminio para después pasar a la fase de consolidación de un modelo, el cual, constitucionalmente legaliza la esencia de esta doctrina en lo económico y geopolítico.

Capitulo III: El plan de exterminio del enemigo interno en Chile

Consecuente con la esencia ideológica de la doctrina analizada en el capitulo segundo, la Junta Militar, que de facto asume el poder a partir del 11 de Septiembre de 1973, procede a auto fijar sus atribuciones y a subordinar el ejercicio de los otros poderes del Estado, a las necesidades del momento. La Junta declaró que asumía el “Mando Supremo de la Nación”, entendiendo como tal, la concentración de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, comprometiendo el respeto a las atribuciones del Poder Judicial. Promete respetar la constitución y las leyes, “en la medida de lo posible”, se declara investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicado como contrario a los intereses nacionales. Y definía la situación, como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus agentes. Como vemos, un decálogo de la esencia ideológica de la doctrina que fundamenta lo que será este plan de extermino del adversario, de una guerra ficta, pero necesaria, para crear toda una institucionalidad acorde a este objetivo.

En concordancia con lo anterior, la Junta suspendió todas las garantías individuales desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, decretó estado de sitio debido a la situación de conmoción interna que vivía el país, lo cual, debía considerarse un “ Estado o tiempo de guerra” entregando por esto, todas las atribuciones procesales al régimen jurídico del Código de Justicia Militar, con esta medida, se dejó fuera a la justicia ordinaria de la atribución de conocer y decidir en las causas por violación a las normas del estado de sitio.

Son dictados, cientos de decretos leyes que contravienen las disposiciones constitucionales, produciéndose una eventual derogación de la constitución.

De esta forma, institucionalmente se preparó el escenario para lo que sería la perpetración de un proceso de aniquilamiento de un enemigo interno en esta guerra ficticia, derogadas las garantías individuales y sociales y procediendo a copar militarmente al país a través de acciones contra la sociedad en su conjunto, nos encontramos ante la configuración inicial del proyecto de un Estado terrorista.
Son destruidas todas las organizaciones por las que los ciudadanos puedan dar fuerza a sus reivincaciones o derechos, este modelo de Estado, quiere que hayan individuos aislados, sumisos e independientes, se manipula a la opinión pública, no hay opinión publica. Hay solamente, temor publico.

Las Fuerzas Armadas junto a la policía asumen desde el comienzo este plan de exterminio, asesinando, deteniendo, torturando a importantes masas de ciudadanos, los cuales, son llevados a recintos institucionales y allí fusilados, o mantenidos prisioneros durante largos periodos de tiempo en forma clandestina, sometiéndolos a todo tipo de vejaciones.

Baste decir, que solo en la primera etapa de este plan de exterminio o sea, en tres meses y veinte días, se produjo la mayor cantidad de muertos como producto de consejos de guerra, ejecuciones sumarias, muertes por tortura, ley de fuga y desapariciones forzadas de personas, así es consignado en el informe Rettig. A su vez, el informe Valech concentra un 68.70 % de las víctimas de prisión política y tortura en este periodo, lo que demuestra que la Junta Militar, aplicó el máximo de la violencia en un periodo de noventa días con el objetivo de asegurar el control total del país y anular toda posibilidad de resistencia.

Es en la primera etapa del plan de aniquilamiento del enemigo interno, que se lleva a cabo un sistema de represión masiva a cargo y bajo la responsabilidad de las instituciones armadas, esta etapa va de Septiembre de 1973 a Abril de 1974, fecha esta última, donde empieza a operar la segunda etapa del plan esto es, la aniquilación selectiva, la cual, estará a cargo de servicios públicos especializados.

Capitulo IV: La exoneración política como medida represiva en el periodo 1973-1990


La exoneración por razones políticas, naturalmente debe ser contextualizada en el plan de exterminio del enemigo interno, el cual, obedece a un perfil previamente determinado en dicho plan, esto es, ser activo y publico militante de alguna organización política declarada fuera de la ley o enemiga, haber tenido algún grado de responsabilidad en el gobierno derrocado, haber sido dirigente de alguna organización sindical o social declarada enemiga del régimen, en resumen, pertenecer al concepto ideológico de enemigo interno contenido en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En Chile, en el periodo 73-90, se produjeron 330.000 exoneraciones por responsabilidad de agentes del Estado, agrupándose estas, en tres tipos: Políticas, fueron las primeras, en concordancia de fechas y masividad con el plan represivo; las segundas, fueron las administrativas, y ellas corresponden al proyecto de modificación del modelo de Estado, de un carácter protector a uno de tipo subsidiario; el tercer tipo de exoneraciones, fueron las de carácter económico y su objetivo estuvo radicado en el proceso de privatización de toda el área económica de propiedad estatal.

La exoneración política, esta estrechamente vinculada al resto de las violaciones a sus derechos que sufrieron los chilenos, el procedimiento represivo comenzaba con la exoneración del trabajo de la persona, la cual, inmediatamente era detenida y sometida a todo tipo de vejaciones que podían terminar, en la muerte. Si eran superados estos vejámenes la persona quedaba detenida sin plazo, en espera de ser procesado, expulsado del país, o relegado o dejado en libertad, esto ultimo, constituía declararlo proscrito de todos sus derechos, es decir, al trabajo, a la salud, a la educación, a la justicia, etc., etc., para él y su familia, con esto se cumplía el objetivo de aniquilamiento del individuo.

Comprobación de todo esto, la encontramos en los informes Rettig y Valech, los cuales, entregan datos sobre los oficios, profesiones, responsabilidades públicas que tenían las víctimas catastradas por ellos al momento de sufrir las violaciones que da cuenta cada uno de estos.

Informe Rettig: Sobre un total de 1193 victimas de desaparición forzada

Obreros o Campesinos
34.4%
Trabajadores independientes
17.01%
Profesionales, administradores o altos funcionarios
11.80%
Empleados
11.30%
Estudiantes
19.02%


Según año de desaparición, y por ende, perdida del trabajo
1973
631 personas
52.29%
1974
277 personas
23.21%
1975
87   personas
7.89%


Por región: Los principales puntos geográficos del país sometidos a represión masiva
Metropolitana
635 personas
53.22%
Bio Bío
201 personas
16.84%
Araucanía
104 personas
8.71%
Valparaíso
36   personas
3.01 %
Los Lagos
70   personas
5.86%


En el informe Valech, que catastra prisión política y tortura, la situación es coincidente con el informe Rettig, en cuanto a comprobar la doble o triple condición de las victimas esto es, haber padecido exoneración política, muerte, y prisión política y tortura:


Informe Valech: Año 1973, sobre la base de 18.174 casos, 68.7% del total.
Altos cargos públicos
  4.21 %
Profesionales y técnicos
15.92 %
Trabajadores calificados
32.18 %
Trabajadores no calificados
21.85 %
Estudiantes
12.2   %
Otros
13.82 %

Informe Valech: Años 1974-1977, sobre la base de 5.189 casos, un 18.33% de total.
Altos cargos públicos
  1.79 %
Profesionales y técnicos
15.74 %
Trabajadores calificados
29.27 %
Trabajadores no calificados
19.60 %
Estudiantes
18.60 %
Otros
14.99 %

Informe Valech: Años 1978-1990, sobre la base de 3583 casos, 12.9 % del total.
Altos cargos públicos
  0.45 %
Profesionales y técnicos
12.95 %
Trabajadores calificados
23.42 %
Trabajadores no calificados
19.34 %
Estudiantes
26.90 %
Otros
16.94 %

Sobre el total de calificados por el informe Valech, 26.946 personas,  a lo menos, un 30% o sea, 8.100 personas fueron además exonerados políticos, en cuanto al año o periodo, este es masivamente el año 1973 con un 68.7% del total, el cual corresponde a la primera etapa del plan de aniquilamiento, el cual se caracteriza por la violencia en que es ejecutado y su masividad.

De esta forma, se comprueba que la exoneración política es parte integrante del plan represivo, que por el perfil político que tiene la persona es declarada enemigo, la cual, deberá sufrir además de la exoneración, la prisión política, la tortura, la muerte, la relegación o el exilio y si permanece en el territorio nacional, será declarado proscrito social, político y económico eternamente.

Otro antecedente ineludible que muestran ambos registros y que corresponden además a hechos históricos objetivos, es el comportamiento de este plan de exterminio en lo relativo a la relación: fecha-masividad y lugar geográfico-masividad.

En efecto, el plan de exterminio fija para los primeros 230 días, su primera etapa, la cual se caracteriza por su masividad. Tanto el informe Rettig como el informe Valech así lo demuestran: uno asignando el 62% de las muertes y el otro el 70% de las prisiones y torturas respectivamente, a este periodo. Con respecto a los sectores geográficos del país donde se concentra la acción represiva, también, ambos informes son coincidentes: el Rettig le asigna  a la región Metropolitana el 53.22%; Bio Bio el 16.84%; la Araucanía un 8.78%; Valparaíso el 3.01% y Los Lagos un 5.81%. En tanto, el Valech asigna a la región Metropolitana un 35.23%; Bio Bio un 14.38%; Quinta Región un 10.23%; la Araucanía un 6.88% y Los Lagos un 8.19%.

Estos hechos consignados en ambos parámetros, son irrefutables, ya que coinciden con la historia real y han sido legitimados por la sociedad en su conjunto.

No ocurre lo mismo con el registro de exoneraciones políticas, entregado a la sociedad en su versión completa por el Ministerio del Interior, recién el 3 de Diciembre del 2008, quince años después de haber sido promulgada la ley que trata sobre este tipo de violación. Dado este grave hecho, la sociedad chilena no conoce los procedimientos que dirigieron el proceso de calificación de las supuestas victimas durante quince años, no existe información pública del proceso que siguieron las calificaciones, ni para la asignación de las reparaciones que la ley contempla. Solo podemos decir, evaluado esta lista oficial en el breve plazo que va desde su entrega al día de hoy, que este discrepa absolutamente con los hechos históricos reales y por consiguiente con los informes Rettig y Valech.

Esta lista en cuestión, separa la exoneración política del ya demostrado plan de aniquilamiento del enemigo interno tratado en los capítulos anteriores, lleva este tipo de violación a un derecho humano, a una simple transgresión  a las normas del derecho laboral, prescindiendo absolutamente en la mayor parte de los casos calificados, del perfil político que debe tener el solicitante de esta calificación. Esta conclusión se desprende de las realidades que muestra esta lista que discrepa de las etapas represivas, asignando mayor masividad a la etapa de represión selectiva y viceversa.

Inaceptablemente, califica como victimas a los victimarios que ejecutaron el plan de exterminio, y les otorga reparaciones groseramente discriminatorias e ilegales.

Le asigna importancia, por el numero de calificados, a puntos geográficos del país que no son considerados como tales por los informes antes referidos y la historia real, como ejemplo tenemos: Longaví, una comuna agrícola de la Séptima Región o Colbún una comuna que no existía cuando ocurren los hechos y muchos más.

En síntesis, el país hoy día conoce una lista mal hecha y en ningún caso un informe sustentado en los antecedentes que contienen los informes que dan cuenta de la violación con causa de muerte o la violación por prisión política y tortura, esta lista incompleta y demostrativa de la irresponsabilidad con que se ha actuado en esta materia, solamente fue entregada en Diciembre pasado, por la denuncia que formulamos que impacto en el país y en el extranjero.

  1. Informes Rettig y Valech: Primera etapa represiva, año 1973 (masiva)
Informe Rettig
52.89% del total
Informe Valech
68.70% del total
Lista exonerados políticos
26.89% del total

  1. Informe Rettig y Valech: Segunda etapa represiva, años 1974-90 (selectiva)
Informe Rettig
47.11% del total
Informe Valech
31.70% del total
Lista exonerados políticos
73.11% del total



En el numero uno del cuadro, es manifiesta la discrepancia con el carácter de la etapa represiva con los informes Rettig y Valech, a su vez, en el numero dos a la etapa de represión selectiva la lista del Ministerio del Interior le asigna un 73.11% de calificaciones, lo que constituye un verdadero exabrupto a la historia real y a los parámetros de comparación. Al mismo tiempo, demuestra fehacientemente que no fue el carácter político de la exoneración lo que indujo al Presidente de la República en uso de sus facultades especiales para calificar a estas personas, sino razones de otro tipo que analizaremos en los capítulos siguientes. 

Capitulo V: La ley de exoneración política

La ley 19234 y sus modificaciones, son un elocuente símbolo de lo que han sido las políticas que sobre DDHH ha promulgado el Estado chileno desde 1990.

Promulgada en 1993, esta ley, viola cada una de las disposiciones contenidas en las normas internacionales que obligan a Chile, en materia de reparación a los daños provocados por la violación a un derecho fundamental.

Aún más, viola los propios derechos constitucionales del individuo, al expropiar sus derechos previsionales para configurar una eventual reparación, lo que es constitutivo de un hecho aberrante en materia jurídica.

Discrimina dentro del mismo grupo de beneficiarios, los cuales, tienen igual condición jurídica, dividiéndolos en grupos, a los cuales, les otorga beneficios de distinta naturaleza, todo esto, al interpretar administrativamente en forma arbitraria la ley.

Recurriendo a la ilegalidad y a una interpretación arbitraria, califica como beneficiarios y por tal razón como víctimas, a los victimarios, lo que indudablemente constituye una nueva vejación a estos chilenos y a la sociedad.

La ley en cuestión, forma parte de un cuerpo misceláneo de soluciones oportunistas al conflicto social que generó la violación al derecho al trabajo por razones políticas. La causa del proyecto de ley que se envía al parlamento, es la condena que sufre el Estado chileno por parte de la Corte Suprema de justicia en un conjunto de 3200 causas denunciadas por espiración obligada de funciones, y además, a una huelga de hambre que por espacio de setenta días mantuvieron los afectados. De esta forma, desde su promulgación, los gobiernos han contado con un instrumento legal de carácter populista, demagógico y reaccionario que les permita contener la potencial ola de demandas en contra del Estado, jamás se constituyó, como un cuerpo jurídico completo que aborde el tema desde la óptica del Derecho Internacional.

Capitulo VI: Las incoherencias e ilegalidades del proceso de calificación.


En el capítulo cuarto, analizamos la exoneración política inserta dentro del plan de aniquilamiento del enemigo interno, de cómo para que se cumpliera esta principal característica, había que tener un perfil político determinado que definiera la condición de enemigo, concluimos que las víctimas de esta violación a este derecho lo eran a su vez, a otro tipo de derecho fundamental.

Comprobamos, como este listado del Ministerio del Interior, que contiene al conjunto de personas calificadas, discrepa gravemente con los hechos históricos reales, y entra en confrontación flagrante con los informes Rettig y Valech.

La ley de exoneración política, dentro de su ambigüedad define dos tipos de beneficiarios: los contemplados en los artículos uno y dos, los cuales, tuvieron el derecho a impetrar el beneficio de transacción extra judicial hasta Agosto de 1995; y los contemplados en el artículo tercero de la ley, los cuales, debieron haber sido exonerados por razones de tipo político, durante el periodo que va de 1973 a Marzo de 1990 y para lo cual, deberán cumplir con el perfil político definido en los artículos ocho y nueve de esta norma y que hayan sido además trabajadores de las empresas o instituciones consignadas en el artículo tercero de la misma. El artículo nueve, presume el móvil político en la exoneración, sólo hasta el 31 de Diciembre de 1973, para el resto del periodo, esto es, Marzo de 1990, el solicitante deberá comprobar como lo determina la ley, que la causa de su exoneración se debió principalmente a razones de tipo político, todo esto de acuerdo a los artículos octavo y noveno antes señalados.

El horizonte nacional de personas afectadas por este tipo de represión quedó consignado en la historia fidedigna de esta ley en ocasión de la tramitación de la ley matriz y de la modificación de 1998, en ambas, se compromete por parte del Estado un horizonte de 56 mil personas, aspecto que además había sido consensuado con anterioridad con la única organización social que representaba a estas personas.

Al momento de la entrega de este listado, el Gobierno había calificado positivamente a 145.549 personas, un 44.1% del total de exoneraciones habidas en diecisiete años de responsabilidad Estatal, y un 259 % del total comprometido con el país y con la ley.   

Analizado el contenido de este listado, lo primero que sorprende es su discrepancia con los hechos históricos reales, en la etapa de represión masiva, solo el 26.8% del total es calificado, en cambio, el 73.1% califica en la etapa selectiva de la represión. Además de la historia objetiva, discrepa gravemente con los parámetros Rettig y Valech.

El segundo aspecto, es el relativo al ámbito de la responsabilidad que la ley le otorga al Estado, en su articulo tercero se define textualmente a ésta: “a la administración pública centralizada y descentralizada, a las instituciones semi fiscales y de administración autónoma, y de las empresas autónomas del Estado, de las municipalidades, de las universidades del Estado, del Banco Central de Chile, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, en el concepto de empresas autónomas del Estado la ley define a éstas como empresas donde la participación directa fuere superior al 50 % del capital,  y las empresas privadas intervenidas por la autoridad publica”, podrán ser solo calificados: “ SI HAYAN SIDO EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS”. De esta forma, la ley define claramente el ámbito de la responsabilidad estatal (articulo tres), el perfil político que deberá tener la exoneración (artículos ocho y nueve), y ratifica el carácter político que debe tener la exoneración en el ámbito de las empresas donde la ley indica la responsabilidad estatal.

Así definido legalmente, este aspecto fundamental, aleatoriamente demostraremos las incoherencias e ilegalidades que contiene este listado.

Hemos elegido, tres empresas y ocho instituciones de un total de mil cuatrocientas setenta y cuatro unidades exoneradoras calificadas por el M. del Interior.

A.- Fuerzas Armadas


Total calificados 73-90
Calificados año 1973
Ejercito
405
51
Armada
381
101
Fach
227
95
Investigaciones
204
71
Carabineros
408
114
Gendarmería
597
74

Analizada la situación sectorial de las Fuerzas Armadas, las policías y gendarmería, desde los hechos históricos reales con respecto a su condición de exonerados políticos, la conclusión es terminante, la historia nuevamente es vulnerada. Los llamados sectores constitucionalistas pertenecientes a este sector y que se opusieron al golpe de estado, por lo cual, merecen ser calificados como exonerados políticos, fueron minoritarios. Esto lo demuestra el cuadro arriba señalado donde los exonerados del año 1973 son 506, en todo el sector contra, 1716 que aparecen calificados entre 1974 y 1990, los cuales, debieron de acuerdo a la ley, haber comprobado su perfil político.

Otro aspecto de la mayor gravedad y que corresponde a este sector, es el que ha destacado la prensa nacional ante nuestra denuncia de Noviembre pasado, entre estos calificados hay destacados golpistas, asesinos, torturadores, los cuales, aparecen además con situaciones de privilegio desde el punto de vista de las reparaciones que perciben. Además, del cúmulo de irregularidades que se denuncian de las cuales nos hacemos parte, particularmente el artículo de la periodista Pascale Bonnefoy M. publicado el 28 de Noviembre pasado, y que denuncia el clima de increíble promiscuidad en que se ha desarrollado este proceso.

Si se aceptara esta grave ilegalidad y estas irregularidades, tendríamos que concluir que dentro de las Fuerzas Armadas, ambas policías y gendarmería operó entre 1974 y 1990, una quinta columna deliberante y sediciosa, cuestión que es inaceptable.

Otra materia referida al tema es lo relativo a la información extra oficial que siempre ha entregado la institucionalidad administrativa del Estado, con respecto al proceso particular de calificación de exonerados que ha llevado el Ministerio de Defensa Nacional, y que ha significado la calificación de ocho mil al menos personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas que ese ministerio ha calificado en forma secreta, oficiaremos al Ministro de Defensa, para que informe acerca de este asunto.

B.- Congreso Nacional


Total calificados
Calificados 1973
Senado
79
38
Cámara
221
133


Un caso similar al de las Fuerzas Armadas, lo constituye el Congreso Nacional, donde el proceso de calificación viola nuevamente los artículos tercero, octavo, y noveno de la ley. Aquí se califica a connotados parlamentarios a los que la historia ha dejado relegados al papel de golpistas, trasgresores de las normas constitucionales y las leyes, son premiados reconociéndolos como victimas y entregándole reparaciones que indigna ala conciencia de la sociedad y son una ofensa tremenda a las legítimas victimas. De todo esto, también la prensa nacional se hace cargo de nuestra denuncia.

C.- Empresas: Fiat Chile-Rayón Said- Aceros Andes


Total calificados
Calificados 1973
Fiat Chile
725
76
Aceros Andes
251
23
Rayón Said
516
56



Han sido elegidas estas tres empresas por la especial connotación que ellas tienen, casos donde el Ministerio del Interior no trepida burdamente en adulterar los hechos reales, los antecedentes legales de cada empresa, sus propios registros y los registros del Estado:

Caso Fiat Chile SA:     Esta empresa jamás estuvo intervenida, administrada, liquidada, o puesto término por la autoridad publica, siempre fue administrada por la accionista principal Fiat Italia y fue vendida por esta en 1986. No obstante este hecho, la empresa parece en el listado de empresas calificadas como intervenida entre el 11.9.73 y el 29.10.82 por el Estado. Da prueba de esta adulteración, carta de 16.6.94 entregada al M. del Interior, por el ex gerente general de la empresa señor Giancarlo Bordoni, y recepcionada por este ministerio con fecha 30.6.94, la cual se acompaña.

Estamos aquí ante una trasgresión de los hechos históricos, de la ley, de las normas de ética funcionaria que dejan al descubierto hasta que punto han sido capaces de llegar.

Caso Rayón Said:  Bajo esta razón social operan tres empresas, las cuales fueron intervenidas por la autoridad publica en 1972 y termino esta intervención el 9.8.74, fecha en la cual, fue devuelta a sus dueños mediante un convenio de la fecha antes señalada, celebrado en la notaria Morgan según da cuenta este documento que acompañamos.

En el ya citado listado de empresas calificadas estos hechos aparecen adulterados, las fecha de intervención es el 25.5.71, y el término de la intervención es el 31.12.81, de esta forma, se prolonga ilegalmente el plazo de intervención y con esto la responsabilidad del Estado en las exoneraciones producidas en el periodo. El cuadro de la letra C muestra que de esta empresa de un total de quinientas dieciséis calificaciones solo cincuenta y seis pertenecen al año 73 y el resto al periodo que se adultera.

Caso Aceros Andes: Un caso similar al anterior analizado corresponde a esta empresa según el listado de empresas intervenidas que controla CORFO, esta empresa fue intervenida por resolución 875 de fecha 21.10.72 y devuelta a sus dueños mediante escritura de fecha 29.12.73, celebrada en la notaria Morgan. Nuevamente estos hechos legales son manipulados, en el ya mencionado listado, el M. del Interior prolonga ilegalmente hasta el 31.12.77, el plazo de la intervención con las consabidas consecuencias para el Estado. En el cuadro antes referido esta empresa, aparece con 251 calificaciones casi en su mayoría correspondientes a 1976 y solo 23 a 1973.

Caso Instituto de Normalización Previsional:  En el capitulo cuarto, tratamos los tipos de exoneración que se produjeron en el periodo 73-90, este caso corresponde a las exoneraciones de tipo administrativo las cuales, obedecieron a las reformas que fueran impuestas para cambiar el modelo de Estado, de protector a un Estado subsidiario. Estas exoneraciones en ningún caso pueden inscribirse en el plan de exterminio del enemigo interno, sino que el único objetivo fue el indicado en el capitulo respectivo antes señalado, da cuenta de ello el hecho que la mayor parte de los casos correspondientes a este tipo de exoneración fue producto de un acuerdo entre las partes y estuvo regulado por el plan de retiro programado y el plan del pequeño empresario, que genero jubilaciones, indemnizaciones especiales, créditos blandos, etc, etc.

La historia y los antecedentes legales así lo demuestran, en el ya citado listado del M. del Interior, el periodo de calificación para esta institución va del 8.11.80 al 10.3.90 y la fuente jurídica es el decreto ley 3502, cuerpo legal integrante del proceso de reforma previsional, de esta forma la exoneraciones de esta institución obedecen claramente a los efectos de esta reforma y no a causas políticas, son en su mayoría los funcionarios de las antiguas cajas de previsión los cuales quedan cesantes como producto de esta reestructuración.

Hemos elegido este caso por su carácter de símbolo de este tipo de exoneraciones originadas por profundas reformas que sufrió la estructura del Estado en este periodo, y que produjo entre 1978 y 1984 masivos despidos de causa administrativa o económica como los provocados por las reformas: previsional, municipal, estatuto docente, salud, regionalización del país, privatización del patrimonio económico fiscal, que arrojaron graves consecuencias que aparecen registradas en el citado listado pero que nunca fueron de carácter político tal como lo define la ley en sus artículos respectivos.

En un informe secreto, sin registro ni firma responsable, de fecha Diciembre del 2007, la unidad responsable de este proceso de calificación, envía a sus superiores en el Gobierno, un diagnostico enumerando las dificultades que han tenido para cumplir su rol, al leer algunas afirmaciones que contiene, la perplejidad nos inunda: en el punto 3.3, reconoce que el SAG no esta en condiciones de certificar a miles de postulantes campesinos, porque no cuenta con los registros, entonces, nos preguntamos, como ha calificado a miles pertenecientes a este sector; en el punto 3.5, reconoce la intervención de tramitadores los cuales, en forma fraudulenta según declara, han operado esta ley por espacio de años, motivando la presentación de miles de solicitudes, adulterando documentos, etc, etc. Nos preguntamos, porque estos delincuentes conocidos por el Ministerio del Interior, no han sido entregados a la justicia y hasta el día de hoy, tienen abierta las puertas de esta oficina publica; en el punto 3.6, reconoce las malas practicas de algunos comandos             que por años han operado esta ley, aquí la situación descrita es realmente grotesca, ha sido la organización oficialista de exonerados la que ha sido protegida por los Gobiernos desde 1990, el único interlocutor oficial, el cual es beneficiario de prebendas de todo tipo, incluidas las económicas, con las cuales ha engañado a la gente, estas organizaciones jamás han hecho una denuncia sobre este escándalo que hoy conoce la opinión publica, transformándolos en cómplices de este oprobio, adjuntamos el citado informe.

Quizás, toda esta vergüenza para el país y la ofensa que significa para las victimas legitimas, este contenida en las declaraciones del Senador y presidente del Partido Socialista, señor Escalona quien declaro: “que la propia contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias a lo largo del país registraran a indigentes como exonerados políticos, como una manera de asegurarles una pensión” (P. Bonnefoy, el Ciudadano 28.11.08y el Mercurio 27.11.08)

Después de estas declaraciones y los hechos fundamentados mas arriba, la acusación de intervencionismo electoral aparece obvia, pero antecedentes concretos serán entregados al Ministerio Publico en el requerimiento que presentaremos inmediatamente.

Desde el año 2001, nuestras organizaciones regionales y la Dirección Nacional, han venido denunciando estos hechos ante toda la institucionalidad del Estado: Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputados, Corte Suprema, Contraloría General de la República, han sido interpeladas por esta organización para que cumplan el rol que la Constitución les mandata.

Hace diez años, venimos interpelando en el cumplimiento de su rol, a la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, sin que hayan reaccionado, lo que claramente ante estos hechos escandalosos, nos demuestra la irresponsabilidad con que se ha actuado. Solo últimamente, a partir de Mayo pasado, hemos percibido un cambio positivo en término a estudiar nuestros planteamientos y buscar soluciones.

Estamos ante un asunto de la mayor gravedad para el país,  aquí, se ha traficado, mercantilizando la única ley global que humaniza la relación entre los hombres, porque los Derechos Humanos hoy día, constituyen un conjunto de cuerpos jurídicos que transformados en Convenios, Tratados, Protocolos, Convenciones, y la Declaración matriz, obliga a los Estados firmantes a establecer con sus ciudadanos, una relación humanizada.

Los hechos aquí demostrados, constitutivos de graves delitos, serán entregados a la Justicia y a la Contraloría General de la República, en sendos recursos, los cuales, contendrán cientos de testimonios entregados a lo largo del país.

Capitulo VII: La reinserción social de las victimas    

La institucionalidad competente del Estado ha caracterizado jurídicamente las leyes sobre exoneración política, a través de resoluciones y fallos, que forman parte de una jurisprudencia que marca los criterios de aplicación de esta ley, esta jurisprudencia dice lo siguiente:

1.- Contraloría General de la República

Esta institución autónoma encargada del control de la legalidad de los actos de la administración, ha definido las leyes de exoneración política en sus resoluciones: 037353/ 28.9.2000 y 001924/ 16.1.96, las cuales textualmente dicen: “que la ley 19234, en cuanto establece beneficios especiales para personas exoneradas por causa política, constituye un sistema normativo completo y coherente que debe interpretarse en el contexto que se encuentra inserto, de modo que exista armonía entre las disposiciones que lo conforman y los principios valoricos que los sustentan, como asimismo con los fines y propósitos que ellas persiguen o protegen. Así, para determinar la base de cálculo de la pensión, es menester recurrir a otros preceptos del ordenamiento en estudio  que permitan por la vía de la hermenéutica legal, alcanzar los objetivos previstos por el legislador en cuanto a que las normas dictadas en estas materias produzcan consecuencias jurídicas”; y “las pensiones no contributivas son pensiones de gracia que revisten una condición muy especial que escapa a las reglas generales en materia impositiva. Con todo, si bien este beneficio no constituye una pensión de régimen, posee un claro fundamento impositivo”.

2.- Superintendencia de Seguridad Social

Esta institución reguladora de las normas sobre seguridad social, en sus resoluciones: 011903 de 5.4.2001 y 39845 de 2.11.2000 declara: “que la normativa sobre reparaciones a la exoneración política trasciende el ámbito de la seguridad social, ya que no están regulados por la normativa al régimen previsional, son beneficios especiales, ya que ellos se generan en una normativa que trata sobre beneficios por gracia excluyendo a las normas sobre exoneración política del régimen previsional, y por ende, de la facultad de regular estas normas”.

3.- Corte Suprema de Justicia  

El máximo tribunal de justicia del país, en la Resolución 33846 del año 2007, sentencia lo siguiente: “que la ley 19234, es de reparación y otorga beneficios de seguridad social por gracia” y en su considerando séptimo: “que es necesario precisar que las pensiones no contributivas otorgadas en conformidad a la ley 19234, a quienes se les ha reconocido la calidad de exonerado político, constituyen una situación de excepción y de naturaleza jurídica distinta a las pensiones de los sistemas ordinarios de seguridad social”.

Estas resoluciones y fallos, de las máximas instituciones competentes del Estado en la materia, han sido vilmente vulneradas por la administración de los sucesivos gobiernos desde 1993, año de promulgación de esta norma.

La Contraloría General de la República, ha modificado sucesivamente la jurisprudencia, adoptándola a los criterios referidos en las resoluciones y fallos arriba señalados y que constituyen el marco jurídico para aplicar esta ley. Desgraciadamente, el ente contralor, no hace respetar su propia jurisprudencia, permitiendo el abuso y la ilegalidad, expresada en el irregular proceso de calificación y en la determinación del carácter de la reparación contenida en este criterio marco y dejando en la absoluta indefensión a los legítimos beneficiarios. Esto, ha sido un obstáculo insoslayable para la reinserción social  de estos ciudadanos ,ya que la única fuente de reparación promulgada para este tipo de violación proviene de esta ley.

Baste decir, que la expropiación del patrimonio previsional consagrado en la ley llevado a valor económico reciente y tratado como históricamente lo han sido los fondos de capitalización individual del sistema AFP, serían hoy el equivalente a 1 billón 300 mil millones de pesos, contra el total que ha gastado el Estado en la aplicación de esta ley que no alcanza al 30 % de este patrimonio expropiado.
Los principios que la norma internacional define para una reparación efectiva son: integralidad, universalidad, simultaneidad, eficacia, legalidad, proporcionalidad con el daño causado y legitimidad. En el caso de esta ley, ninguno de estos principios se cumple, es una ley oportunista que tiene como principal objetivo que el Estado eluda el conflicto social, a su vez, evade la obligación que el país tiene para con la norma internacional sobre DDHH para lo cual, no ha tenido escrúpulos de ninguna especie.

Capitulo VIII: Conclusión

  
1.- La ley de exoneración política, junto al resto de las normas que sobre Derechos Humanos, ha promulgado el Estado chileno, constituye un conjunto jurídico que busca como objetivo principal: la evasión del conflicto político- social, el equilibrio político en un ambiente gravemente conflictuado en 1990, y que obedece al cumplimiento de acuerdos secretos en 1989 con la tiranía, pero que en ningún caso, ha tenido como fin la obligación comprometida con la sociedad chilena y el mundo en materia de la violación de los derechos fundamentales de los chilenos en el periodo 73-90.

2.- Por esta razón, la ley aquí analizada forma parte de una política gravemente traumática, por los efectos que ha producido por segunda vez en la persona, e inmoral, por la instrumentalización que se ha hecho de ella para fines espurios.

3.- Nuestra acción antes y ahora, ha sido y será, la reivindicación del concepto valórico que contienen los Derechos Humanos, la defensa de las personas que por abrazar un ideal vieron interrumpida su vida y sufrieron profundos traumas que han determinado su existencia hasta el día de hoy. Ante este escándalo, nuestra acción será la de buscar persistentemente la responsabilidad de los culpables principales, que revestidos del fuero que da el poder, han instrumentalizado la ley, el valor paradigmático del concepto, y utilizado a las personas para cumplir estos fines deleznables. Jamás, nuestra acción ira contra la gente, ni menos, contra las legitimas víctimas, las cuales, serán reivindicadas y sacadas de listas oprobiosas que solo producen vergüenza, a ellos queremos manifestarles, que se encuentran protegidos por la ley 19880 artículo 53, que determina un plazo de dos años para revisar la condición de exonerado político y que además los defiende el artículo 4 de la ley 19260, que declara: para revisar las pensiones a la minoría que ha percibido este beneficio, existe un plazo de tres años, contados desde su otorgamiento. (Dictamen 3012, 21.1.2009, Contraloría General de la República).

4.- Por estos antecedentes y los contenidos en los siete capítulos anteriores, recurriremos en búsqueda de justicia e igualdad, interponiendo, en uso de nuestros derechos, los recursos necesarios ante la justicia y la entidad encargada de la legalidad de las acciones del Estado. Además, interpondremos un recurso ante la Corte Interamericana de DDHH de la OEA, denunciando estos hechos y solicitando se sustancie una causa en contra del Estado chileno.