CAUSAS: ROL Nº 1298-2011 – 34º JUZGADO DEL
CRIMEN
RUC Nº 1000335441-0 – FISCALIA
CENTRO NORTE
DELITO: FRAUDE AL FISCO
MINISTRA EN
VISITA: SEÑORA MIREYA LOPEZ MIRANDA
SOLICITUD: SE INVESTIGUE CASOS QUE SEÑALA.
HACERSE PARTE
COMO QUERELLANTE.
Señora
Ministra en Visita:
Las causas señaladas en el epígrafe que constituyen la
fase judicial de un proceso iniciado por esta parte y la organización que
representa en 1998 y que ha requerido a toda la institucionalidad del Estado de
Chile comprometida con la promulgación y aplicación de las leyes: 19234 y sus
modificaciones y la ley 19992, la cual se ha visto obligada a iniciar procesos
de investigación, que como resultado han arrojado informes que ratifican todo
lo denunciado por esta parte, en cuanto a las graves violaciones a la
Constitución y las Leyes, además de la
comisión de masivos actos de corrupción con la participación de altas
autoridades del Estado. Así queda demostrado en los citados informes investigativos, que aunque precarios por su
selectividad y tardanza, ya que muestrean ínfimas partes del problema total y
muestran el incumplimiento del rol de cada institución, logran comprobar la gravedad
de los delitos y forman parte sustancial de la prueba en el plano procesal.
Otra de las acciones que hemos emprendido en todo este
tiempo en relación a estas denuncias, es la de convocar a una actividad
mediática, que a través de la investigación periodística, también comprueban lo
denunciado y al mismo tiempo, crean toda una conciencia en la sociedad. Hemos además, convocado la opinión de
expertos en la materia, Premios Nacionales en sus especialidades, quienes
ratifican todo lo expresado por esta parte, los casos de Don José Zalaquet y
Doña María Olivia Monckeberg, constituyen una prueba de esto. En nuestros
estudios y ensayos sobre la materia, anexados a los expedientes de las causas
señaladas y en las declaraciones que hemos prestado en ambos procesos, usted
encontrará suficientes antecedentes para orientar su accionar para determinar
el carácter de los ilícitos y la responsabilidad de las más altas autoridades
del país en su perpetración por su fuerza probatoria.
Habernos enfrentado durante quince años al poder en busca
de la verdad y la justicia para las verdaderas víctimas, ha generado un costo,
que en lo personal y familiar, ha sido alto: Negación de Derechos que nos
asisten de acuerdo a la ley; Graves discriminaciones en el otorgamiento de
derechos; Levantamiento de montajes documentales para ocultar negación de
derechos, cometidos entre Contraloría General de la República e I.P.S.
Estas acciones abusivas, viles e ilegales llevadas a cabo
por autoridades del Estado, en todos estos años, no han hecho deponer nuestra
actitud y decisión de buscar se imponga la justicia y la verdad.
En esta última fase donde la justicia al parecer, le
otorga la importancia que tiene un tema tan relevante para el país como son los
Derechos Humanos, a través de su nominación y la agenda que se anuncia, se ha
agregado un nuevo actor, el cual, al verse descubierto, actúa cobardemente, amenazando en forma anónima,
aumentando el alto costo que ya hemos pagado. Pero no solo hoy son amenazas
anónimas, también represalias a una de nuestras hijas, a quién se le interrumpe su destacada labor
profesional a favor de los sectores más vulnerables de la niñez, redestinándola
a proyectos cuya finalización está próxima.
Pero la miseria humana no tiene límites cuando en
ocasiones como está, se busca como objetivo la reivindicación de valores y
principios que forman parte de la esencia de los Derechos Humanos, señalando y
sancionando a los que sin ningún reparo moral cometen dolo en su nombre.
Sujetos miserables, hoy, quieren poner en duda le legitimidad de nuestra
condición como familia victima reiterada de atropellos a sus derechos
fundamentales, esparciendo rumores en tal sentido. Nuestra condición emana de
una larga trayectoria, la cual desde 1964 construye toda una historia al
servicio de los más vulnerables, que en el caso de países como este,
constituyen la mayoría, simbolizando como consecuencia, para las minorías,
ejemplos de peligrosidad en la mantención de sus prerrogativas. Esta situación
queda en evidencia a partir del 11 de Septiembre de 1973, donde somos
transformados en enemigos del poder que se impone en el país: Exonerados
políticamente de nuestros trabajos, donde manteníamos carrera funcionaria por
espacio de trece años; Secuestrados, torturados y detenidos por razones
políticas, junto a mi esposa e hija menor de cinco años, en mi caso por espacio
de cinco años. Consecuencialmente con esta situación, proscritos de nuestros
derechos esenciales entre 1973 y 1990, como producto de nuestra negativa de
salir del país y nuestro desempeño en este período, a favor de la libertad y la
democracia.
Certificaciones de estas dolorosas experiencias las
encontramos en nuestros pares: Superiores y compañeros de trabajo; En los
propios hechos históricos; En afamados
profesionales de la medicina, que certifican los graves traumas físicos y síquicos
que esta situación le ha provocado a la familia. Además, los informes como el
llamado Valech, que reconoce mi condición como preso político, no así, le
otorga esta condición a mi esposa e hija, a pesar de los antecedentes aportados
y los testimonios de un afamado siquiatra que certifica esta condición para
ella y mi hija mayor, a las cuales atendió por varios años, este atropello y
abuso debemos asumirlo como parte del costo que hemos pagado por hablar con la
verdad. En el caso de las exoneraciones políticas, ellas se encuentran
respaldadas en sendos expedientes en poder del I.P.S. En cuanto
al historial previsional de mi esposa, el se encuentra certificado por la Superintendencia
de Seguridad Social mediante Of. Ord. 027439 de 2.08.2000 y Ord. Sic Nº 1879-01
del Depto. Informe de Cuentas del I.P.S.; en cuanto a la pensión que ella
percibe, esta fue fijada por la Contraloría General de la República mediante
resolución Nº 039010 de 03.08.2004.
Como usted puede
apreciar señora Ministra, jamás hemos recurrido al tráfico de influencias o al
lobby, recursos tan masivamente
usados en la entrega de prerrogativas
ilegales en la aplicación de estas leyes, no obstante esto, en nuestra
solicitud pedimos sean sometidos a investigación ambos expedientes, de manera
de disipar toda sombra de duda sobre nosotros.
En nuestra solicitud pedimos además, hacernos parte en la
querella ya interpuesta por los parlamentarios: Rubilar y Letelier, en
principio, en similares términos, ratificando desde ya todo lo obrado por esta
parte en los expedientes señalados correspondientes al Ministerio Público y 34º
Juzgado del Crimen.
Raúl José Celpa López
RUT: 5.123.684-K
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