martes, 9 de julio de 2013

""AHORA LOS COBARDES Y SINVERGUENZAS AMENAZAN Y REPRIMEN A LOS QUE HABLAN CON LA VERDAD"""

CAUSAS:       ROL Nº 1298-2011 – 34º JUZGADO DEL CRIMEN
                         RUC Nº 1000335441-0 – FISCALIA CENTRO NORTE


DELITO:        FRAUDE AL FISCO


MINISTRA EN VISITA:     SEÑORA MIREYA LOPEZ MIRANDA


SOLICITUD:      SE INVESTIGUE CASOS QUE SEÑALA.
                               HACERSE PARTE COMO QUERELLANTE.




Señora
Ministra en Visita:

Las causas señaladas en el epígrafe que constituyen la fase judicial de un proceso iniciado por esta parte y la organización que representa en 1998 y que ha requerido a toda la institucionalidad del Estado de Chile comprometida con la promulgación y aplicación de las leyes: 19234 y sus modificaciones y la ley 19992, la cual se ha visto obligada a iniciar procesos de investigación, que como resultado han arrojado informes que ratifican todo lo denunciado por esta parte, en cuanto a las graves violaciones a la Constitución y las Leyes, además  de la comisión de masivos actos de corrupción con la participación de altas autoridades del Estado. Así queda demostrado en los citados informes  investigativos, que aunque precarios por su selectividad y tardanza, ya que muestrean ínfimas partes del problema total y muestran el incumplimiento del rol de cada institución, logran comprobar la gravedad de los delitos y forman parte sustancial de la prueba en el plano procesal.

Otra de las acciones que hemos emprendido en todo este tiempo en relación a estas denuncias, es la de convocar a una actividad mediática, que a través de la investigación periodística, también comprueban lo denunciado y al mismo tiempo, crean toda una conciencia en la sociedad.  Hemos además, convocado la opinión de expertos en la materia, Premios Nacionales en sus especialidades, quienes ratifican todo lo expresado por esta parte, los casos de Don José Zalaquet y Doña María Olivia Monckeberg, constituyen una prueba de esto. En nuestros estudios y ensayos sobre la materia, anexados a los expedientes de las causas señaladas y en las declaraciones que hemos prestado en ambos procesos, usted encontrará suficientes antecedentes para orientar su accionar para determinar el carácter de los ilícitos y la responsabilidad de las más altas autoridades del país en su perpetración por su fuerza probatoria.

Habernos enfrentado durante quince años al poder en busca de la verdad y la justicia para las verdaderas víctimas, ha generado un costo, que en lo personal y familiar, ha sido alto: Negación de Derechos que nos asisten de acuerdo a la ley; Graves discriminaciones en el otorgamiento de derechos; Levantamiento de montajes documentales para ocultar negación de derechos, cometidos entre Contraloría General de la República e I.P.S.

Estas acciones abusivas, viles e ilegales llevadas a cabo por autoridades del Estado, en todos estos años, no han hecho deponer nuestra actitud y decisión de buscar se imponga la justicia y la verdad.

En esta última fase donde la justicia al parecer, le otorga la importancia que tiene un tema tan relevante para el país como son los Derechos Humanos, a través de su nominación y la agenda que se anuncia, se ha agregado un nuevo actor, el cual, al verse descubierto, actúa  cobardemente, amenazando en forma anónima, aumentando el alto costo que ya hemos pagado. Pero no solo hoy son amenazas anónimas, también represalias a una de nuestras hijas,  a quién se le interrumpe su destacada labor profesional a favor de los sectores más vulnerables de la niñez, redestinándola a proyectos cuya finalización está próxima.

Pero la miseria humana no tiene límites cuando en ocasiones como está, se busca como objetivo la reivindicación de valores y principios que forman parte de la esencia de los Derechos Humanos, señalando y sancionando a los que sin ningún reparo moral cometen dolo en su nombre. Sujetos miserables, hoy, quieren poner en duda le legitimidad de nuestra condición como familia victima reiterada de atropellos a sus derechos fundamentales, esparciendo rumores en tal sentido. Nuestra condición emana de una larga trayectoria, la cual desde 1964 construye toda una historia al servicio de los más vulnerables, que en el caso de países como este, constituyen la mayoría, simbolizando como consecuencia, para las minorías, ejemplos de peligrosidad en la mantención de sus prerrogativas. Esta situación queda en evidencia a partir del 11 de Septiembre de 1973, donde somos transformados en enemigos del poder que se impone en el país: Exonerados políticamente de nuestros trabajos, donde manteníamos carrera funcionaria por espacio de trece años; Secuestrados, torturados y detenidos por razones políticas, junto a mi esposa e hija menor de cinco años, en mi caso por espacio de cinco años. Consecuencialmente con esta situación, proscritos de nuestros derechos esenciales entre 1973 y 1990, como producto de nuestra negativa de salir del país y nuestro desempeño en este período, a favor de la libertad y la democracia.

Certificaciones de estas dolorosas experiencias las encontramos en nuestros pares: Superiores y compañeros de trabajo; En los propios hechos históricos;  En afamados profesionales de la medicina, que certifican los graves traumas físicos y síquicos que esta situación le ha provocado a la familia. Además, los informes como el llamado Valech, que reconoce mi condición como preso político, no así, le otorga esta condición a mi esposa e hija, a pesar de los antecedentes aportados y los testimonios de un afamado siquiatra que certifica esta condición para ella y mi hija mayor, a las cuales atendió por varios años, este atropello y abuso debemos asumirlo como parte del costo que hemos pagado por hablar con la verdad. En el caso de las exoneraciones políticas, ellas se encuentran respaldadas en sendos expedientes en poder del I.P.S. En   cuanto al historial previsional de mi esposa, el se encuentra certificado por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Of. Ord. 027439 de 2.08.2000 y Ord. Sic Nº 1879-01 del Depto. Informe de Cuentas del I.P.S.; en cuanto a la pensión que ella percibe, esta fue fijada por la Contraloría General de la República mediante resolución Nº 039010 de 03.08.2004.

 Como usted puede apreciar señora Ministra, jamás hemos recurrido al tráfico de influencias o al lobby,  recursos tan masivamente usados  en la entrega de prerrogativas ilegales en la aplicación de estas leyes, no obstante esto, en nuestra solicitud pedimos sean sometidos a investigación ambos expedientes, de manera de disipar toda sombra de duda sobre nosotros.

En nuestra solicitud pedimos además, hacernos parte en la querella ya interpuesta por los parlamentarios: Rubilar y Letelier, en principio, en similares términos, ratificando desde ya todo lo obrado por esta parte en los expedientes señalados correspondientes al Ministerio Público y 34º Juzgado del Crimen.

Raúl José Celpa López
RUT:  5.123.684-K